Por Ángela Chávez y Gonzalo Cerda
A pocos días de conmemorarse un nuevo 1 de mayo y a la espera de los compromisos que asumirá esta vez el gobierno con el mundo de los trabajadores, existe la percepción que en materia de agenda laboral La Moneda está en deuda. Esto pese a que el año pasado, el presidente Sebastián Piñera adelantó que en su Cuenta Pública ante el Congreso haría un anuncio “revolucionario” en seguridad laboral.
Es que desde esa fecha, poco avance han presentado aquellas promesas y por estos días, el Ejecutivo mantiene tres grandes materias pendientes en lo que respecta a la agenda laboral: la regulación de los abusos del multirut; el gran compromiso para convertir a “Chile en un país modelo en seguridad laboral” -como dijo el mismo mandatario ese 21 de mayo- y el perfeccionamiento del sistema de capacitación.
Pero vamos por parte. En la víspera de la celebración del pasado Día del Trabajador, el mandatario anunció el envío del proyecto de ley para frenar los abusos del multirut, con lo que también cumplía con una promesa de campaña.
En lo concreto, la propuesta de La Moneda, que tomó la forma de una indicación que se incorporó al proyecto de ley que establece un nuevo concepto de empresa que se tramita en la Comisión de Trabajo del Senado, ingresó para su discusión meses después a lo anunciado. Ahí se inicio un intenso y complejo debate, marcado por las diferencias que mantenían el gobierno y la oposición respecto a cómo enfrentar una solución al tema.
Así tras la presentación de una serie de nuevas indicaciones de ambas partes, la semana recién pasada el proyecto registró un importante avance que da cuenta que su discusión ha comenzado a destrabarse. Se trata del consenso logrado para precisar el concepto de “empleador” para efectos laborales y de seguridad social y que permitiría aclarar cuándo dos o más rut son una misma empresa. Pendiente está el tema de la creación de un Panel de Expertos, propuesto por el gobierno. Ha trascendido que este aspecto de la discusión genera discrepancias entre el gobierno y la oposición por lo que no se descarta que se vuelva a trabar el debate.
Dispar avance
En materia de seguridad laboral, surgida a partir de la tragedia de los 33 mineros en la Tercera Región, el gobierno sólo ha ingresado un proyecto: el que crea la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, fortalece el rol de la Superintendencia de Seguridad Social actualizando sus atribuciones y funciones. La iniciativa inició su discusión en agosto de 2011 y hoy se encuentra en su segundo trámite legislativo en la comisión de Trabajo del Senado. Ahí, de enero a la fecha, el Ejecutivo sólo se ha abocado a renovarle la suma urgencia. Mientras, poco se ha hablado del perfeccionamiento de la justicia laboral que permitiría agilizar los procesos, poco y nada se sabe de los proyectos que modifican la Ley de Accidentes del Trabajo y reforman el modelo de fiscalización.
Respecto a las modificaciones al Sence, el gobierno ha completado la primera etapa tras los resultados expuestos por la comisión Larrañaga, ahora falta que la ministra Matthei concrete las modificaciones al actual sistema. Para tal efecto, la secretaria de Estado ya cuenta con algunos ejemplos que ha recogido de la experiencia de otros países como Alemania y Brasil.
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