La economía chilena aún está digiriendo los efectos de la crisis social iniciada el 18 de octubre. La actividad se contrajo en octubre y noviembre -se espera lo mismo para diciembre-, mientras que los despidos por necesidades de la empresa ya superan los 176 mil desde el inicio de la coyuntura.
Contexto que llevó al Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (Clapes UC) a actualizar un trabajo realizado a inicios del año pasado que calculaba la capacidad máxima de crecimiento de la economía chilena.
En el reporte de abril de 2019, se estimaba que tomando como base factores como la fuerza de trabajo, los flujos migratorios y la participación de la mujer en el empleo, el crecimiento tendencial del Producto Interno Bruto (PIB) oscilaría entre 2,9% y 4,4% para los próximos diez años. Por PIB tendencial se entiende la capacidad productiva de un país en ausencia de shocks y cuando los insumos productivos -como trabajo y capital- se utilizan a su capacidad normal.
Los investigadores de Clapes UC, Luis Felipe Lagos y Samuel Leyton, actualizaron el trabajo y le incorporaron el efecto que la situación política y social tendría en la capacidad de crecimiento del PIB. ¿El resultado? El piso de la expansión de tendencia se ubicaría en 1,7%, mientras que el techo en apenas 2% para el período.
"Es esperable que las circunstancias que vive nuestro país desde el 18 de octubre afecten la trayectoria de mediano plazo de algunos determinantes del crecimiento de tendencia", señalan los investigadores, cuyo cálculo se ubica por debajo del 2,8% que arrojó la revisión del comité de expertos convocado por el Ministerio de Hacienda y que incorporó el impacto de la coyuntura país.
Luis Felipe Lagos, investigador de Clapes UC. Samuel Leyton, investigador de Clapes UC.
Inversión y migración
Lagos y Leyton asumen un menor crecimiento de la inversión por dos razones: los hechos de violencia "generalizada" que se han visto en los últimos dos meses, ante lo cual el componente de inversión es "extremadamente sensible"; y el proceso constitucional que comenzará en abril, lo que generaría un aumento en la incertidumbre "producto de que implica partir de una hoja en blanco" la redacción de la nueva carta magna.
"En este contexto, es posible anticipar una postergación de la inversión, al menos por el período de discusión constitucional. Esto, independiente de que se apruebe una nueva Constitución que resulte ser más o menos amigable con el crecimiento", aseguran.
El texto también asume que se "acentúa" la desaceleración del crecimiento de la productividad "que aqueja a Chile desde hace al menos una década". Esto, ya que prevén que la jornada semanal promedio de trabajo será menor y que el flujo migratorio que ha vivido el país en los últimos años "no continúe con la misma intensidad".
"Todos estos cambios afectan directamente el crecimiento tendencial y no eran previsibles hace solo unos meses", señalan Leyton y Lagos.
En detalle, se proyecta que la tasa de participación femenina y la calidad del trabajo convergen a la mediana de los países de la OCDE en dos horizontes posibles: 2040 ó 2050. También, se prevé que en cinco años la jornada laboral promedio se reduce desde 45 a 40 horas y que el ingreso neto de personas extranjeras al país será similar a lo que proyecta el INE (11 mil al año).
Por último, los investigadores anticipan que el crecimiento del stock de capital para los próximos diez años se calculará asumiendo que entre 2019 y 2020 la tasa de inversión como porcentaje del PIB caerá en cuatro puntos porcentuales, para mantenerse entre 2021 y 2022.
Por último, para la productividad se estima que su expansión de largo plazo es similar al promedio de los últimos cinco años.
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