Comienzan a emerger nuevos detalles de las indicaciones al proyecto de reforma de pensiones del Ejecutivo. En una minuta oficial, se establece que la cotización adicional aumentará de manera gradual en 0,5 punto porcentual por año, para llegar a un 6% en un plazo de 12 años.
Un 3%, con cargo al empleador, se destinará a la cuenta individual del afiliado (Ahorro Personal) y que constituirá un Fondo de Ahorro administrado por el Consejo Administrador de los Seguros Sociales -CAAS-; mientras que otro 3% adicional, también de cargo del empleador, irá a un programa de Ahorro Colectivo Solidario, también administrado por el CAAS y que se acumulará en un Fondo de Ahorro Colectivo. 0,2 puntos de esa cotización se destinarán a un seguro de dependencia.
Acorde al documento, el Estado subsidiará los primeros años de operación del Fondo de Ahorro Colectivo, a través de un préstamo a dicho vehículo. El texto no especifica en qué período y bajo qué condiciones el Fisco solicitará la devolución de dichos recursos.
“Como la tasa de cotización a este programa aumentará gradualmente en el tiempo, durante los primeros años los ingresos por concepto de recaudación de cotizaciones no serán suficientes para pagar los beneficios”, fundamenta la minuta.
En paralelo, si bien aún resta conocer el detalle de las indicaciones, el mercado ya comienza a plantear sus primeras inquietudes sobre el impacto macroeconómico de la mayor cotización y aporte que realice el Fisco al sistema de pensiones. Esto, considerando que solo el primer año el Estado aportará entre US$ 900 millones y US$ 1.000 millones.
En el punto en que todos concuerdan es que esta propuesta implica un cambio profundo al sistema de pensiones.
Arcas públicas
Un impacto fiscal “importante” es el que vislumbra la economista y académica de la UAI, Andrea Repetto. Ello porque -por una parte- el Estado, como empleador deberá hacerse cargo de la cotización adicional de sus trabajadores, y por otra hará un aporte inicial para financiar las primeras prestaciones mientras se recaude nuevos ahorros.
“Todo el nuevo gasto se reflejará completamente en un aumento tanto del déficit efectivo como del estructural”, sentencia.
En la misma dirección apunta la directora del CEF de la U. de los Andes, Cecilia Cifuentes, quien agrega que habrá un negativo impacto en el impuesto de Primera Categoría, por los mayores gastos de las empresas en remuneraciones.
Para el economista de la U. de Chile, Alejandro Alarcón, “cualquier cosa que se parezca a un sistema de reparto” va a elevar el déficit fiscal.
En la otra vereda está el economista de Chile 21, Eugenio Rivera, quien considera que en la medida que la propuesta involucre gradualidad no habrán “presiones para el aumento del déficit fiscal”.
Mercado Laboral
Se espera que la tasa de desempleo se empine a dos dígitos en los próximos meses. Asumido esto como la huella que dejó la violencia en los primeros meses del conflicto social, la propuesta de alza de cotizaciones con cargo al empleador pone en alerta a los expertos.
“La gradualidad permite amortiguar el efecto negativo en el empleo formal al trasladarlo a remuneraciones”, explica el investigador de Clapes UC, Juan Bravo.
A su juicio, los reajustes salariales de los trabajadores que están en el mercado considerarán el mayor costo laboral.
En tanto considera que para los que se incorporen a futuro, los contratos ya tendrán incorporada la información del mayor costo laboral al pactar las remuneraciones.
Con la convicción de que la propuesta del Gobierno representa un cambio muy importante en su mirada hacia el sistema al incorporar elementos de solidaridad entre los cotizantes, Repetto confirma que el alza gradual en el costo laboral -debido al aumento en la cotización- ayuda a atenuar sus eventuales efectos en el empleo.
Una postura que no comparte Cifuentes, quien advierte sobre un impacto negativo en el empleo ya que -a su juicio- se está creando un impuesto “bastante significativo” al trabajo formal.
A su vez, vislumbra que esto finalmente afectará a las pensiones, ya que la propuesta “establece con la cotización para reparto sin el tope imponible un claro incentivo a la informalidad y también a cotizar por menos, incluso para los trabajadores de ingreso alto, por la eliminación del tope”, explica.
Ahorro
En lo referente al impacto que esta mayor cotización pueda tener en la tasa de ahorro nacional, que se encuentra en su nivel más bajo en las últimas dos décadas con un 19,4% del PIB, Cifuentes advierte sobre el perjuicio que causa un sistema de reparto.
Argumenta que si bien un mayor ahorro genera más inversión y crecimiento, “este círculo virtuoso se pierde con el establecimiento de un reparto”. Esto porque los tres puntos del pilar de ahorro colectivo serán parte del gasto público, dado que se entregan directamente a los pensionados.
Para Patricio Rojas, de Rojas y Asociados, el ahorro neto no necesariamente aumentará, ya que si bien los puntos que se suman a las cuentas individuales formarán parte del ahorro, en el mediano plazo ese porcentaje adicional no se reflejerá integramente en el salario líquido, sino que compensará probablemente las pérdidas de ahorro corporativo.
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