El gobierno mostró su disposición a destrabar la discusión en el Congreso de la Pensión Garantizada Universal (PGU). Este viernes, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, señaló que recogerá la recomendación del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) que apunta a no utilizar el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) para financiar parte de la propuesta del Ejecutivo.
“Lo que ellos (CFA) nos dicen es que no deberíamos ocupar eso (el 0,1% del FRP que plantea como parte del financiamiento de la PGU), sino que deberíamos buscar otras fuentes de financiamiento. Nosotros diferimos de eso, pero déjeme ser claro: si para poder destrabar este proyecto en el Senado es necesario buscar una fuente de financiamiento por ese 0,1% adicional, bueno, lo buscaremos”, manifestó en entrevista en CNN.
Eso sí, descartó fusionar los proyectos que crean la PGU con el que propone su financiamiento vía la eliminación de exenciones tributarias -que fue otra del las recomendaciones del CFA-. Explicó que precisamente mantenerlos separados es parte de la estrategia para lograr que avance la iniciativa.
El secretario de Estado recordó que el Ejecutivo lleva tres años intentando mejorar las pensiones de los jubilados -primero con la ley larga, luego con una corta y ahora con la PGU-, por lo que el mantener en paralelo ambos proyectos permite avanzar en una discusión política y también técnica.
“Creo que hay separar los temas técnicos de los políticos”, manifestó y agregó que el Gobierno está disponible para conversar lo técnico y remarcó que “hay que avanzar en la discusión política”, por lo que si se logra aprobar en la Cámara de Diputados la parte del financiamiento el lunes, el martes el Senado tendrá la posibilidad de verlos al mismo tiempo.
“No estoy diciendo fusionarlo”, aclaró pero sí dijo que “no tengo problema de discutir ambos de forma paralela y espero que se despache lo antes posible”.
La urgencia está en que, desde la perspectiva del Gobierno, está todo disponible para comenzar a pagar la PGU a partir de febrero si se logra aprobar en el Senado antes del 20 de enero y de hecho, hasta la Superintendencia de Pensiones ya ofició a las AFPs como señal de que estén preparadas para ejecutar el pago.
Cerda reiteró que los fondos están asegurados para 2022, aun cuando la ley de financiamiento que se discute en el Congreso -que incluye exenciones y el uso del 0,1% del FRP- se atrase algo más.
“Nosotros ya con la posibilidad de pagar en febrero con provisiones, lo único que necesitamos es la discusión política para aprobar la ley. Eso significa conversar y ponernos de acuerdo”, cerró.
Aumenta la presión opositora
Mientras que desde la oposición aumenta la presión sobre el Ejecutivo para que se abra a negociar otras fórmulas de financiamiento, que incluso contemple el llamado impuesto a los "súper ricos", aporbado por la Cámara de Diputados.
Por su parte, el senador socialista Carlos Montes -integrante de la Comisión de Hacienda-, criticó que el gobierno presentará el proyecto a díaz del término de la gestión del presidente Sebastián Piñera, pese a que la oposición lo venía pediendo hace tiempo; pero también acusó que a la iniciativa le "falta maduración, en aspectos propiamente previsionales, pero especialmente en el financiamiento". A lo que añadió el hecho de que el propio Consejo Fiscal Autónomo -a solicitud de los senadores de oposición- sugiriendo que se busquen medidas más rigurosas de financiamiento, lo que obliga al Ejecutivo, desde el punto de vista del parlamentario, a revisar la propuesta seriamente.
"Porque aquí se cometen errores que van a tener impacto en las finanzas públicas durante muchos años; según lo que dice el propio Consejo Fiscal Autónomo hay que pensar en ciclos largos. Está mal financiado, el gobierno tiene que abrirse a repensar esto; a incorporar, por ejemplo el royalty, que puede ser una manera que ayude algo, también incorporar el impuesto a los más ricos, como lo propuso la Cámara de Diputados", argumenta el parlamentario.
Montes agrega a lo ya expuesto que también habría que pensar en otras exenciones, puesto que a este proyecto se están destinando US$ 1.000 millones, cuando "las exenciones totales son US$ 9.000 millones", señaló e instó al gobierno a que se abra a conversar y buscar otras formas de financiamiento "para ser serios".
Y, dice el senador socialista, que si el problema es el apuro para comenzar a pagarlo desde febrero, los ministros Rodrigo Cerda y Patricio Melero "saben muy bien que perfectamente se puede poner una cláusula de retroactividad, de que toda persona recibirá el incremento desde febrero, pero una vez que haya una ley seria, con financiamiento serio y con normas claras".
En la misma línea, el senador del PPD Ricardo Lagos Weber, también integrante de Hacienda, coincidió con su predecesor en cuanto a que el CFA ha planteado lo mismo que la oposición, respecto a que "se requieren fuentes de financiamiento adicionales y diversas para financiar en el largo plazo" la Pensión Garantizada Universal.
Lagos Weber asegura que todos quieren apoyar la iniciativa, porque "es justa y necesaria", pero lo mínimo que le piden al gobierno, a lo que se ha sumado el CFA, "es que todos coincidimos en la necesidad de tener un financiamiento robusto, porque esta es una política pública para siempre. No es sólo por un par de años, se requiere un financiamiento permanente".
El senador del PPD manifestó su esperanza de que durante el fin de semana "el gobierno pueda reflexionar" y el lunes próximo haga "un planteamiento serio que podamos abordar" y llamó al gobierno a actuar con responsabilidad.
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