El gobierno abrió oficialmente el proceso de elaboración de la Ley de Presupuestos 2023, luego de enviar en los últimos días a los ministerios, servicios públicos e instituciones autónomas el oficio con el marco de recursos disponibles y las instrucciones para el diseño del erario.
En concreto, el documento fue remitido por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, a las entidades estatales a partir del lunes 23 de mayo, con un tono marcado por las medidas de austeridad, las restricciones de recursos y el llamado a las instituciones a priorizar el gasto.
Así, la primera instrucción es adecuarse al marco presupuestario propuesto por la autoridad.
Para solicitar recursos adicionales, se dispusieron de dos escenarios con límites máximos de gasto, razón por la cual “se debe priorizar estrictamente, prevaleciendo la incorporación de los gastos que aseguren el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones legales y contractuales vigentes”, se lee en el oficio.
Advierte que en una “instancia especial” se podrán formular gastos relacionados con el programa de gobierno o nuevos desembolsos por aplicación de leyes.
Adicionalmente, Marcel hace un llamado a las entidades, ante la “importante inercia del gasto”, a revisar la incorporación de nuevos fondos “no obligados, así como su oferta de servicios en el ámbito de su función pública.
En cuanto a la dotación de funcionarios también habrá restricciones: se considerará el costo financiado en la Ley de Presupuestos 2022, descontando gastos cuyos máximos están fijados en las respectivas glosas. Eso sí, habrá espacio para reasignaciones dentro de las mismas partidas presupuestarias.
¿Y los gastos en bienes y servicios de consumo? El oficio de Hacienda fija como parámetro un nivel “suficiente que permite mantener la operación regular institucional, en un marco de austeridad fiscal, descontados gastos cuyos límites máximos están establecidos en glosas”.
Cambio climático
Una novedad que trae el oficio es que se solicitará a las instituciones el detalle del gasto que buscarán ejecutar relacionado con el combate al cambio climático.
En particular, se lee en el oficio que la propuesta presupuestaria deberá “identificar e informar” el gasto en cambio climático, de acuerdo a la guía especifica elaborada por la Dirección de Presupuestos (Dipres).
En la misma línea, a inicios de marzo el instructivo presidencial para la austeridad establecía mayores restricciones en el gasto en energía para las instituciones del aparato estatal, como en agua y luz.
Los plazos
En el documento, Marcel también entrega detalles del calendario para la elaboración de la principal ley de la República.
El puntapié inicial se dio el 23 de mayo con el envío del marco presupuestario y las instrucciones.
Entre dicha fecha y el 24 de junio las instituciones públicas diseñarán su erario propio sobre la base de las directrices de Teatinos 120.
Entre el 28 de junio y el 8 de julio será la revisión y discusión de los proyectos por comisiones técnicas entre la Dipres, el Ministerio de Desarrollo Social y los servicios respectivos. Entre el 28 de junio y el 24 de agosto se avanzará en el análisis y diseño del texto final en la Dipres.
Mientras que la recta final será entre el 25 de agosto y el 15 de septiembre con el análisis a nivel superior y la comunicación a los ministerios de la decisión presidencial y reuniones del ministro de Hacienda con ministras/os del ramo.
Luego, a más tardar el 30 de septiembre se ingresará el proyecto al Congreso para su tramitación entre octubre y noviembre.
Marcel y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, ya iniciaron las reuniones de trabajo con instituciones de cara al Presupuesto 2023, con citas con los gobernadores regionales a mediados de mayo. También, han sostenido en los últimos días conversaciones bilaterales sobre la materia con el Presidente de la República, Gabriel Boric, también de cara a la cuenta pública presidencial de hoy en Valparaíso.
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