Durante varias semanas, la comisión tributaria de la oposición se reunió con actores para dar a conocer su propuesta tributaria en el marco de la discusión impositiva que se inició hace algunos meses, principalmente a raíz del conflicto estudiantil.
Así, toda la oposición consensuó una propuesta que será dada a conocer mañana y que consta de cuatro pilares claros. Según detallan fuentes ligadas al proceso, estos son: la necesidad de recaudar de 3% a 4% del PIB de aquí a 2020; avanzar hacia una equidad tributaria, aumentando la carga a quienes tienen más o perciben mayores ingresos; simplificar el sistema tributario para facilitar el cumplimiento de las obligaciones y la fiscalización de la autoridad; y fomentar un desarrollo sustentable.
Tras diversas reuniones con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la Federación de Estudiantes Chile (FECH) y ex funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII), la comisión de la oposición plantea que para que la reforma tributaria tenga efecto se deben abordar ciertos temas, que a primeras luces parecen complejos.
En ese sentido, la oposición propone avanzar en la eliminación de los mecanismos que permiten la existencia del Fondo de Utilidades Tributarias (FUT), que hoy aproximadamente alcanza a US$ 200 mil millones; además, solicita revisar los mecanismos que generan una minimización de la base imponible, en particular en el sistema de la renta presunta; asimismo plantean la necesidad de derogar toda exención tributaria o gasto tributario que no sea justificable.
El detalle de las medidas
El punto más polémico es el que busca eliminar el FUT. En ese sentido, la comisión advierte que hay una “evidente inequidad horizontal“ frente a las opciones disponibles para los trabajadores asalariados e independientes versus las que tienen los dueños de empresas.
El documento, al que se le están dando los últimos retoques, advierte que éste “es uno de los principales mecanismos de elusión de quienes tienen el poder de asesoría que siempre son las empresas más grandes del país”. Como argumento, la comisión consideró la experiencia a nivel mundial, pero en particular la de los países de la OCDE, en donde las empresas tienen el status de contribuyentes directos.
La comisión también discutió el tema del royalty, apuntando a que quienes exporten los recursos “deben pagar por esa actividad en la medida que corresponda, con mayor razón si produce su agotamiento”, explican en directa alusión al cobre y otros productos susceptibles de exportación.
Respecto de minimizar la base de renta presunta, la comisión de oposición reconoce que lo ideal es eliminar el sistema o, en su defecto, disminuirlo al máximo, terminando así con las exenciones no tienen niguna justificación. Es así como plantean que cuando el país se encuentra en el umbral de los US$15.000 per cápita, con capacidad competitiva exportadora en la extracción y manufactura de recursos naturales “resulta pertinente avanzar en la estandarización del método de medición de la renta efectiva vinculada a la explotación en todas las ramas de la producción, especialmente en los segmentos de empresas medianas y grandes”.
Finalmente, enfatizan en que también se deben establecer impuestos verdes o gravar a aquello que tenga impacto sobre el medio ambiente, para enfretar las externalidades.
También proponen fortalecer el SII, Aduanas y “reforzar a Cochilco para controlar con máxima eficiencia los valores que se declaran por los minerales exportados”.
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