Por R. Carrasco /C.Betancourt
Con “máxima celeridad” espera el gobierno tramitar el proyecto de ley que “fortalece el carácter variable del impuesto específico sobre los combustibles de uso vehicular a objeto de reducir el impacto de alzas en los precios de dichos combustibles”, que inicia hoy su discusión en la Cámara de Diputados y que complementa los anuncios de la reforma tributaria anunciada por el gobierno a principio de mayo.
En uno de sus aspectos centrales la normativa modifica la definición de los límites de la banda de precios. Hasta ahora se obtienen sumando y restando, respectivamente, el 12,5% del precio de referencia.
La modificación sustituye ese 12,5% por un 10%, para facilitar la entrada en vigencia del Sipco.
En su articulado, el proyecto establece que tiene el propósito general de atenuar en mayor medida el impacto inmediato de las alzas de los precios.
La iniciativa contempla a lo menos cuatro aspectos sustanciales: modifica el rango de algunos parámetros, pasando del sistema vigente -que considera un valor mínimo de 8 semanas a un máximo de 30 semanas- a uno de 4 semanas mínimo y un valor máximo de 52 semanas.
En segundo lugar, se modifica la definición de los límites de la banda de precios. Hasta ahora se obtienen sumando y restando, respectivamente, el 12,5% del precio de referencia. La modificación sustituye ese 12,5% por un 10%.
Vigencia del Sistema
En tercer lugar, se fortalece el carácter variable del Impuesto Específico, por medio de reducir la vigencia mínima del periodo promedio del precio de paridad de importación, que pasa de 3 meses a 4 semanas.
Estas tres normas transitorias de la Ley 20.493 expiran el 30 de junio de 2014.
Y, en cuarto lugar se establece que, al aplicarse por primera vez esta nueva normativa, las vigencias mínimas para cada uno de los parámetros que definen el precio de referencia y el precio de paridad de importación para la gasolina, se entienden ya cumplidas.
En otros temas, el proyecto permite que biogases de uso vehicular (biometano) equivalentes al gas natural de origen fósil, puedan acceder a transporte por medio de intercambios con gas natural gravado, sin perder su exención del impuesto específico.
La normativa también aborda la situación del kerosene, combustible que está exento del impuesto específico, porque no se usa con fines de transporte.
Sin embargo, también es considerado en el sistema actual de protección transitoria ante variaciones de precios internacionales con la existencia de un fondo especial.
Dicho fondo, según el gobierno, en la actualidad tiene US$3,1 millones, cifra suficiente sólo para enfrentar el invierno 2012.
En el escenario que el próximo año exista un alza en los precios internacionales se propone incrementar el fondo respectivo en US$ 3 millones.
Debate parlamentario
Hoy martes se dará a conocer en la sala de la Cámara de Diputados la normativa, comenzando así el trámite formal e iniciando un tenso debate, sobre todo considerando que más allá de los reparos de la oposición en el gremialismo también persisten voces disidentes.
Más allá de la discusión legislativa, lo cierto es que el tema fue abordado nuevamente en el tradicional comité político de los lunes en La Moneda, donde la bancada de diputados UDI se esmeró en poner paños fríos a las críticas desde su propio sector y refrendó que, en términos generales, no tienen objeciones ni reparos de la iniciativa, aunque advierten que otra cosa será cuando debute la iniciativa porque “ahí se verá su aplicabilidad”, afirman.
El presidente del partido, diputado Patricio Melero, indicó que “el proyecto no acoge la rebaja permanente del impuesto a los combustibles que había planteado la UDI de 6 UTM/m3 a
4 UTM/m3, pero sí innova en una fórmula que va a permitir rebajar en forma transitoria el impuesto específico cuando se de den condiciones de alzas muy altas en el precio internacional del petróleo”.
Explico que de todas formas se logra “que el gobierno pueda actuar con mayor anticipación de lo que hoy permite la fórmula actual. Este proyecto ayudará a los sectores medios y, sumado al bono de transporte escolar y taxis, hacen un conjunto que ayuda al objetivo de que el Estado recaude menos y que los consumidores gasten menos”.
Adelantó, además, que la norma contará con los votos de su sector, reconociendo que “no tiene el proyecto muchas posibilidades de modificación y hemos pedido que le ponga el gobierno el mayor grado posible de urgencia para que los efectos se empiecen a percibir lo antes posible en la población”.
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