Un instructivo que obligará a acompañar los proyectos de ley de iniciativa del Ejecutivo que tengan impacto regulatorio con un informe sobre su efecto en materia de productividad suscribió ayer la presidenta de la República, Michelle Bachelet.
El documento deberá presentarse junto al reporte financiero de la iniciativa o sus indicaciones.
“Sabemos que elevar la productividad es un desafío que debemos tomar muy en serio si queremos que nuestra economía alcance, y sostenga importantes niveles de crecimiento”, afirmó la mandataria.
Añadió que cada ministerio “precisará probables efectos de sus propuestas legislativas, y en caso de requerirlo, van a ser apoyados por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y, por Hacienda”.
El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, destacó la iniciativa para el desarrollo del país: ”La productividad juega un rol fundamental para elevar nuestro nivel de crecimiento, para tener un crecimiento sostenido, un crecimiento menos dependiente de la variación de precios de nuestros recursos naturales”.
El presidente de la Comisión Nacional de Productividad, Joseph Ramos, alabó la decisión de crear este instructivo: ”Nuestra propuesta inicial era que hubiera una ley al respecto. Creo que la directiva presidencial es aún mejor por ahora. Porque una ley no entraría en vigencia Dios sabe hasta cuánto tiempo más. Esto quiere decir que a partir de ahora se va a hacer”.
El economista precisó que una vez que esto se perfeccione y exista una ley, “puede ser un cambio institucional tan importante como en su momento lo fue el balance estructural fiscal”.
De acuerdo al instructivo presidencial, serán los integrantes del comité de ministros del área económica los encargados de elaborar los informes de productividad, cuyo funcionamiento será evaluado después de seis meses de ejecución de la iniciativa.
La directora Ejecutiva de la Comisión de Productividad de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Joanna Davidovich, valoró el paso dado por el gobierno. “Es una buena noticia, ya que permitirá tener más información y mayor seriedad en el debate de las políticas públicas que generan impacto regulatorio”, remarcó.
Para que funcione adecuadamente, acotó, “debe establecerse una metodología para que los ministerios puedan llevarla a cabo, con variables que permitan análisis y justificación de la propuesta. También sería necesario que esta evaluación sea objeto de una validación por parte de alguna entidad independiente”.
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