Un nuevo hito protagonizó este martes el proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, luego de ser aprobado por la Sala de la Cámara de Diputados, tras su paso por las comisiones de Economía y Hacienda.
La iniciativa, que es parte del fast track legislativo acordado entre el Congreso y el Gobierno, tiene como objetivo reducir los plazos de autorizaciones de los proyectos de inversión, al abarcar 380 autorizaciones, pertenecientes a 37 servicios y a 16 ministerios.
De esta manera, la propuesta impulsada desde el Ministerio de Economía pretende acelerar proyectos de diferentes tipos y tamaño, pertenecientes a PYME o empresas de mayor envergadura.
El mayor cambio del proyecto en su paso por la Cámara se dio en el Servicio para la Regulación y Evaluación Sectorial.
Ingresado en enero, ahora el proyecto continuará con su segundo trámite constitucional en el Senado y, desde el Gobierno, han señalado que esperan que sea despachado en su totalidad hacia finales de este año.
El ministro de Economía, Nicolás Grau, destacó que la propuesta va a permitir acelerar la inversión, generar más empleos de calidad, modernizando y organizando de mejor manera las autorizaciones sectoriales. Y, dado esto, indicó que se reducirán los tiempos de proyectos, en un 30% en el caso de los más grandes, y en 70% en las empresas de menor tamaño.
“Son en torno a 400 permisos, que efectivamente no están bien organizados y que nos implican demoras en los proyectos sin necesariamente por ello tener un buen estándar regulatorio”, señaló durante la discusión en la Sala de la Cámara.
Ejes del proyecto
La norma en trámite contiene 39 artículos permanentes y 30 disposiciones transitorias, que en su conjunto crean un marco y bases normativas, además de incorporar diversas medidas que apuntan a reducir los plazos en la tramitación de las autorizaciones sectoriales.
De acuerdo con el informe de la comisión de Hacienda, la implementación del proyecto de ley tendrá un gasto fiscal desde su publicación de $ 1.361 millones el primer año y unos $ 1.523 millones en régimen.
De esta manera, se creará un Sistema para la Regulación y Evaluación Sectorial, que contiene políticas, instituciones y normas destinadas a velar por la correcta tramitación de los permisos, con el objetivo de simplificar y mejorar continuamente la calidad de la regulación sectorial.
Además, se establecen tipologías que clasifican las autorizaciones sectoriales y se les asignan tiempos máximos: de administración o disposición no podrán demorar más de 120 días en ser aprobadas; las de localización, 50 días; de proyecto, 50 días; de profesional o servicio, 60 días; de funcionamiento, 25 días, y otras autorizaciones, 60 días.
En el caso de que se requiera un permiso de bajo riesgo, este podrá ser reemplazado por una declaración jurada. Al mismo tiempo se regulará un silencio administrativo, que se podrá aplicar por el solicitante cuando transcurre el plazo legal para resolver acerca de una solicitud de autorización sin que el órgano sectorial se pronuncie sobre ella.
Los cambios realizados
El mayor cambio que tuvo el proyecto durante su paso por la Cámara de Diputados fue en la comisión de Economía, cuando los parlamentario se mostraron contrarios a la creación del originalmente propuesto Servicio para la Regulación y Evaluación Sectorial, por el gasto fiscal que implicaba.
De esta manera, el Ejecutivo lo cambió por la Oficina de Autorizaciones Sectoriales, institucionalidad que entre sus funciones hará el seguimiento de los grandes proyectos de inversión y que será parte de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño.
Su principal diferencia es que la nueva unidad contempla recursos de $ 928 millones en régimen, en comparación con los iniciales $ 1.523 millones del Servicio original.
Adicionalmente, se redujo la cantidad de funcionarios, siendo en total 43, de los cuales 18 serán traspasados de la actual División de Fomento, Inversión e Industria de la Subsecretaría de Economía.
Otra diferencia es que se elegiría el mayor cargo a través de la Alta Dirección Pública (ADP) y los demás serían concursables.
Los diputados también incorporaron al proyecto sanciones para las jefaturas del órgano o servicio de la Administración del Estado. Esta será una multa equivalente a un porcentaje de la remuneración mensual, de acuerdo con los tiempos promedios de atrasos por sobre plazo máximo legal, que van desde el 10% y tienen como tope el 40% de la remuneración mensual.
Al respecto, el ministro Grau dijo en la Sala de la Cámara que este es “el único elemento que nosotros no compartimos como Ejecutivo de la versión actual del proyecto”.
A su juicio, “eso no corresponde y creemos que eso va a generar malos incentivos, pudiendo ser que funcionarios públicos a pocos días de que se cumpla el plazo, simplemente lo rechacen o lo aprueben sin la revisión que corresponda”.
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