Es un hecho, mañana comienza el último pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Universal, lo que plantea un desafiante escenario. ¿La razón? No se optó por una salida escalonada, la cual permitiera un ajuste de los presupuestos de aquellas familias beneficiadas.
“Lamentablemente, hay una complejidad importante porque la ley no previó una gradualidad”, señala el director del Centro de Políticas Públicas UC, Ignacio Irarrázaval. Por lo mismo, advierte que será difícil para las personas pedirles “de la noche a la mañana” que adecuen su estructura de consumo. Esto, aun cuando sepan que el aporte se acaba ahora.
Desde su creación a la fecha, el IFE multiplicó por 6,6 veces su cobertura hacia los hogares, con un gasto a octubre de US$ 22.440 millones, según un informe enviado por el Ministerio de Desarrollo Social al Congreso en octubre.
El hito clave en estos resultados fue el paso desde una política focalizada -con una serie de requisitos de acceso- a una simplificada para el 90% de las familias inscritas en el Registro Social de Hogares (RSH) o, bien, con ingresos menores a $ 800 mil para los que estuviesen dentro de la cota superior de menor vulnerabilidad. A esto se sumó el incremento del aporte hasta la línea de la pobreza, es decir, $ 177.000 para un hogar de una persona y hasta los $ 887.000 para uno de diez o más integrantes.
Las transferencias disponibles
“Es necesario y difícil hacer una transición a disminuir la cobertura y el monto de este beneficio de forma importante, y probablemente será muy difícil políticamente hacerlo”, advierte la economista y académica del Instituto de Economía UC, Claudia Martínez.
Como referencia, el gasto en transferencias del IFE supera 25 veces al realizado en 2019. En dicho período el aporte de recursos contempló el subsidio Familiar (SUF), asignación familiar, subsidio de discapacidad mental, aporte familiar permanente, bono bodas de oro, subsidio al empleo joven y bono al trabajo de la mujer.
Ahora, desde el 1 de diciembre quedará un panorama similar, con los subsidios que contempla el Ingreso Ético Familiar y el Ingreso Mínimo Garantizado, es decir, aportes focalizados y de menores montos que lo que fue el IFE Universal (ver tabla).
Se agrega un contexto en el que, si bien hay recuperación del mercado laboral, aún existe una brecha de poco más de 600 mil trabajos por recobrar para llegar a una tasa de ocupación en torno al 58% que había antes de la irrupción de la pandemia.
Considerando los 17 aportes realizados desde que se instauró el IFE ampliado -mayo de 2020- hasta octubre pasado en promedio las familias han recibido un total de $ 1.988.003.
En proporción lo han recibido 8.319.146 de hogares, lo que es el 96,4% de los que están en el RSH. De estos, los de mayor grado de vulnerabilidad (agrupados según la clasificación socioeconómica entre el 0 y el 40%) representan el 55,3%, mientras que los de mayores recursos (calificados entre el 91% y 100%) son el 3,4%.
“Un hogar que está recibiendo el tope de los $ 880 mil y le quitas esos ingresos de un día para otro, eso es muy difícil. Y en algunos hogares, si tienen desempleo o tienen a un solo integrante trabajando, también les va a pegar fuerte”, grafica la directora del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, Lorena Flores, quien hubiese esperado un retiro gradual de esta medida.
Lecciones y oportunidades
“Me he declarado una defensora del IFE, pero que esté cuando se necesite, en los momentos precisos”, enfatiza Flores.
Martínez complementa que si bien realizar transferencias a las familias en tiempos de cuarentena era necesario, el nivel que se terminó haciendo, casi sin focalización y sin cuarentenas “no lo era desde el punto de vista de diseño económico”.
Ahora, “dependiendo de cómo se comporte el empleo uno podría hacer un IFE menos generoso”, señala Irarrázaval.
Y como el RSH está operando se podría focalizar más en el contexto que se necesite complementar los ingresos en una situación de cuarentenas, por ejemplo.
Para el director Científico de J-PAL Latinoamérica y académico de la UC, Francisco Gallego, si hay oportunidades de trabajo “no es tan dramático” no tener “algo como el IFE”, pero reconoce que hay más interrogantes que respuestas porque este programa de transferencias hacia los hogares fue a una escala (en términos de plata y de gente beneficiada) inédita en Chile.
“Uno lo que tiene que preguntarse y preguntarle a quienes estarán en el gobierno desde marzo es cómo hacerse cargo de una política de transferencia que sea razonable” y que combine objetivos como asegurar ingresos y redistribuir.
“Quizás ahora la discusión está centrada en la redistribución vía impuestos, pero también se puede tener la redistribución vía transferencias”, agrega.
Para Flores, que midió en la última Encuesta de Ocupación y Desocupación (EOD) del Gran Santiago la cantidad de personas que declararon no estar buscando trabajo por recibir el IFE (212.617), los resultados son “suficientes como para decir: ‘ojo, que sí puede estar generando algunas distorsiones en el mercado del trabajo’. Si bien no todas son atribuibles al IFE se abre la oportunidad de “poner las energías” en otros mecanismos y “no solo en un subsidio a las familias”.
Por ejemplo, repensar el IFE Laboral -que entrega un aporte al trabajador una vez que es contratado para que continúe dirigido a grupos más vulnerables para encontrar empleo: mujeres, jóvenes y personas con discapacidad.
El investigador del Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor, Rodrigo Pérez, concuerda con que el IFE Laboral “hoy tiene más sentido”, pero difiere sobre una distorsión en la búsqueda de trabajo.
De hecho, el viernes el Gobierno anunció su extensión ya que inicialmente cubria hasta diciembre. Ahora se esperan los detalles de lo que ello implica.
Pérez, agrega que si bien espera que con el retorno obligatorio a las clases presenciales de los colegios se dé una mayor reinserción laboral, especialmente de las mujeres, igual será necesario tener intervenciones focalizadas en grupos vulnerables. Esto, porque muchas personas -principalmente mujeres- llevan “un buen tiempo fuera del mercado laboral y es posible que enfrenten dificultades para reinsertarse”.
Dado que las expectativas para 2022 no son optimistas, Martínez considera que “se debe pensar en una estructura de beneficios sociales coherente y de largo plazo”.
A juicio de la economista de la UC, “se podría considerar políticas que permitan asegurar la suficiencia alimentaria de la población que se mantenga con bajos ingresos, como la política de food stamps que es bien evaluada en Estados Unidos”.
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