A las 22:21 horas de ayer miércoles, la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó lo que podría considerarse perfectamente el corazón del proyecto de ley de reconstrucción y reactivación nacional: la rebaja del impuesto de Primera Categoría para las grandes empresas desde 27% a un 23%. El proyecto misceláneo se discute hasta total despacho en esa comisión.
El componente de la rebaja del impuesto corporativo, alojado en el artículo 10 del proyecto, fue aprobado con 9 votos a favor (todos del oficialismo y de Juan Marcelo Valenzuela del PDG), 3 en contra (de la oposición) y una abstención (de Priscilla Castillo, de la DC). Eso sí, los artículos transitorios aún no eran analizados al cierre de esta edición y que contemplan el cronograma de la rebaja, partiendo en 25,5% en 2027, 24% un año más tarde y 23% para 2029.
Adicionalmente, la comisión aprobó -por la misma votación- los cambios en los PPM de las pequeñas y medianas empresas, reduciéndose desde 0,25% a 0,23%; y el artículo 11 que integra el sistema tributario de renta entre los gravámenes corporativos y los de sus socios.
Finalmente, los legisladores dieron luz verde a otro artículo relevante dentro del mismo articulado: la eliminación del impuesto a las ganancias de capital por operaciones bursátiles líquidas, el denominado artículo 107 de la Ley de Impuesto a la Renta. Dicho gravamen hoy asciende a un 10%.
La aprobación del citado artículo no estuvo exenta de polémicas, dado que diputados de oposición reclamaron al presidente de la comisión de Hacienda, Agustín Romero (Republicano) por el cierre del debate, pero el legislador les respondió que ya se había extendido la discusión y les espetó que se ingresaron 1.603 indicaciones al proyecto este miércoles.
Crédito tributario a retención y formalización de trabajadores
Más temprano, una primera señal de flexibilidad entregó la noche de este miércoles el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en el marco de la tramitación de la ley de reconstrucción y reactivación.
Se trata del crédito tributario a la retención y formalización de trabajadores, una de las medidas más defendidas por Quiroz, pero con mayor costo fiscal (US$ 1.400 millones por año) y con más críticas de parte de especialistas laborales ya que no asegura nuevas contrataciones e implica una importante renuncia de recursos de parte del Fisco.
El beneficio se enfoca en remuneraciones mensuales entre 7,8 y 12 UTM ($ 550.000 - $838.000), con una estructura que será un crédito equivalente al 15% para remuneraciones desde las 7,8 UTM, disminuyendo progresivamente para las rentas más altas hasta 12 UTM.
El monto de este crédito podrá ser imputable al impuesto de Primera Categoría, al IVA y a los Pagos Provisionales Mensuales (PPM) de las empresas.
Si bien la tasa del crédito era pareja en 15% en el proyecto original, este miércoles el Ejecutivo se abrió a flexibilizarlo.
Así, Quiroz propuso una nueva fórmula para focalizar el crédito en los trabajadores jóvenes y las mujeres, luego de solicitudes de parlamentarios del oficialismo, como el RN Diego Schalper, y de oposición como el independiente de la bancada PPD, Carlos Bianchi.
En específico, el crédito partiría en un 14% de la remuneración parejo, pero si el beneficiario es una trabajadora mujer, se aumenta a 15%. En caso de ser un hombre, se reduce a 13%.
Mientras que si el beneficiario es una persona joven menor de 25 años, se agregan 1,5 puntos porcentuales al crédito.
De esta forma, en el caso máximo (una mujer menor de 25 años), la tasa del crédito será un 16,5% de las remuneraciones, mientras que el caso mínimo (hombre mayor de 25 años) la tasa será de 13%. Un hombre menor de 25 años tendría una tasa de 14,5%.
Según explicó Quiroz en la comisión, el impacto financiero es similar al calculado originalmente por el Ejecutivo. "Es marginalmente menor a lo calculado inicialmente. No se está rediseñando el crédito", dijo el secretario de Estado.
Según el informe financiero, elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), la implementación de las presentes indicaciones implicarán un mejoramiento marginal del balance fiscal (o sea, menor costo) de $ 39.068 millones durante el primer año, y de $ 48.386 millones al décimo año de vigencia, con respecto a lo informado en el informe original.
Dado que este artículo (el N° 9) ya fue aprobado por la comisión la noche de este martes, los legisladores discutieron si reabren la votación para ingresar las enmiendas propuestas por el gobierno.
Así, finalmente la comisión aprobó el nuevo artículo por 10 votos a favor (incluido Bianchi y la diputada Castillo), 2 en contra y una abstención (de Valenzuela del PDG, quien solicitó que se extendiera el crédito principalmente a Pymes y se redujera para las grandes empresas).
Maratónica sesión
Cerca de las 5 de la mañana de este jueves, el grupo parlamentario despachó el proyecto a la comisión de Medio Ambiente, visando la mayoría de los artículos, pero con otros que no corrieron la misma suerte.
Por ejemplo, la comisión rechazó -con votos oficialistas- el artículo propuesto por el Ejecutivo que eliminaba la franquicia tributaria del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), que implica un costo de US$ 300 millones al año para el Fisco.
Este artículo fue rechazado con votos de RN -Eduardo Durán y Diego Schalper- y del PNL -Pier Karlezi-, mientras que obtuvo votos favorables de la UDI y Republicanos.
Otro artículo relevante rechazado por la comisión se relaciona con autorizar a la Tesorería General de la República para ofrecer convenios de pago sin reajustes ni intereses a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) con garantía estatal ejecutada. Este artículo fue aprobado, pero la comisión -con votos oficialistas- rechazó los incisos que hacían referencia a una condonación parcial del remanente del crédito.
Asimismo, la comisión dio luz verde a un serie de otros artículos, como los transitorios que versan el cronograma de reducción del impuesto corporativo; las ventanas pra la regularización de deudas municipales con condonación de intereses y multas, e impuestos sustitutivos de 10% para saldos de utilidades pendientes de tributación en FUR, STUT y retiros del FUT; la rebaja por un año de 50% del impuesto donaciones; las facilidades para el pago de deudas tributarias de Pymes; la regularización de bienes en el exterior con tasas entre 7% y 10%; y la suspensión por un año del IVA a la venta de viviendas nuevas.
También, visó el endurecimiento de las penas por contrabando de tabaco; el endurecimiento de las sanciones por mal uso de licencias médicas en el sector público; la modernización del Consejo de Monumentos Nacionales con exigencia de asesoría profesional en excavaciones y la creación de intervenciones menores sin autorización previa; y un artículo que permite al Servicio de Impuestos Internos (SII) cruzar datos con organismos del Estado, acceder al Registro Social de Hogares y regular el acceso a información bancaria reservada con control judicial.
También, se aprobó el procedimiento para que titulares de proyectos con RCA anulada puedan solicitar al Estado la restitución de gastos; el aumento desde 2.200 a 6.000 de cupos para incentivo al retiro de funcionarios públicos; que las relocalizaciones de concesiones de acuicultura por ajustes cartográficos queden eximidas del SEIA; las limitaciones para expandir la gratuidad en educación superior y suspender el ingreso de nuevas instituciones al sistema para 2028 y 2029; la flexibilización del transporte de monedas metálicas; la invariabilidad tributaria por 25 años para proyectos de inversión desde US$ 50 millones; y la exención de contribuciones para la primera vivienda de adultos mayores.
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Rodolfo Carrasco
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