“Escuchamos al gobierno poner plazos, escuchamos que van a haber sanciones y descuentos, ante eso nosotros decimos que tienen que existir soluciones”.
De esta forma, el presidente de la ANEF, Raúl De la Puente emplazó al gobierno a dar respuesta a las demandas de los trabajadores del Registro Civil que completan 17 días hábiles de paralización. Ayer el titular de los funcionarios públicos anunció que hoy se ampliarán las manifestaciones de rechazo por el actuar del gobierno y de apoyo a los funcionarios del Registro Civil en todas las dependencias públicas tanto en Santiago como en regiones.
“El tema de fondo son los plazos, ya que los funcionarios han dicho que los mejoramientos que el gobierno está ofreciendo deben hacerse a partir de ahora y el gobierno dice que debe ser a partir de julio del próximo año. No nos parece que un gobierno que termina en marzo del próximo año, esté haciendo compromisos con funcionarios para octubre del próximo año”, enfatizó De la Puente.
De hecho, ayer los funcionarios públicos manifestaron su molestia por la poca voluntad que ha mostrado el gobierno para tratar de solucionar el conflicto. La presidenta de la Agrupación de Funcionarios del Registro Civil, Nelly Díaz, emplazó a la ministra a hablar con fundamentos cuando señalan que se han rechazado cuatro propuestas.
“Nunca hemos rechazado la propuesta, lo que nos distancian son los plazos, porque claramente no creemos que el gobierno vaya a cumplir de aquí a 2014. Siempre ha sido la misma propuesta, con distintos recursos pero moviendo funcionarios de aquí para allá, aquí cuando la ministra dice que hay cuatro propuestas es mentira”, enfatizó Díaz.
El petitorio que presentaron los funcionarios al gobierno en 2011 contemplaba mejoras graduales, las que habrían sido interrumpidas por el gobierno en 2012. La demanda contemplaba cuatro puntos: aumento del bono de satisfacción al usuario, mejoramientos de grados, normalización institucional y aumento del arancel de matrimonios a domicilios. Según explicó Díaz, se accedió a tomar solo los tres primeros y de “ahí no nos hemos movido”.
“Apagar el fuego con bencina”
Según explicó Díaz, lo que separa a los funcionarios de un acuerdo con el gobierno son también los montos que se pueden utilizar para hacer frente a las demandas. Actualmente, se requieren
$ 400 millones para suplir el petitorio y tal como detalló la dirigenta, ya se presentaron a la ministra Pérez las opciones de donde pueden ser rescatados. “Se pueden sacar del propio servicio; tenemos excedentes en un item de $ 1.300 millones, en otro item de $ 510 millones y si sumamos ya llevamos un excedente del servicio de
$ 5.000 millones (...) cuando la ministra entrega $ 8.000 millones para la nueva plataforma es vergonzoso ya que no es capaz de entregar
$ 400 millones a los funcionarios”, agrega Díaz.
La postura del gobierno
Según el subsecretario de Justicia, Juan Ignacio Piña, el gobierno ha escuchado las demandas y dentro de las propuestas que se han presentado están contempladas todas las exigencias de los funcionarios. Respecto de la aprensión que tienen en el Registro Civil por el cumplimiento en 2014 de estas propuestas, Piña señaló que “el próximo gobierno no puede desconocer esta mejora dado que estaría incluida en el proyecto de ley de reajuste. La discrepancia que estamos viendo en este momento es cuando se entregan esas mejoras y el gobierno en la última propuesta ha concediendo lo que piden”.
Otros servicios públicos en alerta
Al paro del Registro Civil se han sumado otras organizaciones que mantienen temas pendientes con el gobierno. Entre ellas destaca Gendarmería que entregó ayer su apoyo a las demandas de los funcionarios públicos, incluso comprometiendo acciones que permitan potenciar el movimiento.
En la sede de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Asociación Nacional de la Junta de Jardines Infantiles (Ajunji) llamó a paralizar sus funciones mañana, con posibilidad de llegar al viernes por "el incumplimiento del gobierno a un acuerdo que fue firmado en 2010" que modifica la ley de planta de dichos empleados, que rige desde 1992.
Otro servicio que se encuentra en estado de alerta es el Servicio Médico Legal por la entrega de bonos y aumento de personal, el que se suma al Sename, que si bien logró llegar a un acuerdo con el gobierno aún están pendientes de su situación.
La CUT también respaldó a las 14 federaciones de trabajadores del Estado, realizando un llamado al Ejecutivo a terminar con las prácticas antisindicales y concretar en espacios de negociación las materias pendientes.
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