Ayer, la Sala de la Cámara de Diputados comenzó la votación en particular del proyecto de ley de Presupuestos 2023, luego de que el lunes se aprobara la idea de legislar de la iniciativa.
Con más de 700 indicaciones ingresadas a la propuesta, se anticipa un largo y complejo debate y votación en la Sala, y algo de eso ya se vio ayer.
Los primeros 30 minutos del debate en Sala se centraron en las sanciones luego del enfrentamiento entre diputados del Partido Republicano y del PC el lunes por los recursos para el programa de búsqueda de detenidos desaparecidos, cuya pertinencia fue cuestionada por el diputado republicano Cristián Araya.
Luego de las escaramuzas, la mesa comenzó con el trámite de las partidas, aprobándose las primeras seis, enfocadas en temas menos controversiales, como el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, el Servicio Electoral (Servel), el Congreso Nacional y la Presidencia de la República.
Esto no significó que no se produjeran diferencias entre el Gobierno y la oposición, como por ejemplo en lo referido a mayores recursos para la Fiscalía, la reducción de los gastos reservados de la Presidencia de la República y las platas destinadas a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.
El foco en seguridad
Hasta ese minuto el trámite era expedito, pero todo se ralentizó a la hora de abordar la partida del Ministerio del Interior.
Varios parlamentarios, principalmente de oposición, reclamaron por lo que consideraron exiguos recursos para Carabineros en 2023 y para el control y regularización de la situación migratoria, especialmente en el norte del país.
Esto generó la molestia del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien tomó la palabra en la Sala señalando que los recursos para seguridad ciudadana aumentan un 4,5% el próximo año, con Carabineros incrementándose un 60%.
En tono molesto, la autoridad recordó que entre 2019 y 2021 el gasto programático en seguridad ciudadana cayó un 4%. “Ahí está la prioridad de los chilenos y la del Gobierno. La señal del gobierno es clara y distinta de los presupuestos de años anteriores”, dijo.
En la votación de las indicaciones, se rechazaron la mayoría de las presentadas por los legisladores al ser declaradas inadmisibles, pero se aprobó una enmienda que fija recursos para proveer asesoría y defensa jurídica gratuita en juicio a víctimas de delitos violentos. Marcel anunció que el Ejecutivo hará reserva de constitucionalidad por esta norma.
Otra indicación que será reclamada por el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional (TC) es una que destina recursos para bonificación adicional en el arriendo de viviendas para el personal de Carabineros destinado permanentemente en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Y otra que aumenta salarios para suboficiales, aprobación que fue calificada como un antecedente “grave” para la tramitación por Marcel.
Finalmente, la Sala rechazó los gastos variables del Ministerio del Interior, al igual que algunas asignaciones para Carabineros y el Servicio de Migraciones, platas que el gobierno espera reponer en el trámite en el Senado. Luego se despacharon los recursos para las carteras de Economía, Hacienda, Defensa y Cancillería.
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