La tramitación de la ley de Presupuestos 2025 en la comisión especial mixta ad hoc del Congreso comenzó este martes con señales del Ejecutivo. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, sabe que la situación económica y fiscal complica -quizá más que en años previos- la discusión del erario.
El secretario de Estado expresó su disposición a incorporar en un eventual acuerdo una serie de materias para controlar de mejor manera el gasto y los ingresos del Estado, como han solicitado parlamentarios de oposición y también lo ha levantado el Consejo Fiscal Autónomo (CFA).
Por ejemplo, señaló que “compartimos” las preocupaciones y recomendaciones del CFA, mostrando su disposición a establecer mecanismos para monitorear que se cumplan las metas de ingresos fiscales, así como corregir las “falencias” -en palabras de Marcel- que tiene la metodología actual para calcular la recaudación del Gobierno Central. Asimismo, está abierto a explorar vías para recomponer los ahorros en el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), así como asegurar un manejo “prudente” de ese vehículo.
La apertura del ministro se da en medio de una oposición -en especial, la bancada de diputados de Renovación Nacional- que ha endurecido su discurso y amenazado con rechazar varias partidas del Presupuesto si no se profundizan los recortes de gasto público. Esto, en momentos en que la economía muestra señales de debilitamiento y los ingresos del Estado han caído más de lo esperado.
Hoy, la comisión mixta iniciará la votación de las respectivas partidas presupuestarias, donde habrá más luces de un acuerdo Gobierno-Congreso. El proceso podría culminar el viernes.
Debate por transferencias
Han sido variados los análisis que han puesto foco en distintas características del erario 2025. Uno de los más recientes pone la lupa sobre un tema de alta incidencia en la política social: las transferencias monetarias directas del Estado hacia las personas.
Un informe elaborado por el Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián (USS) da cuenta de que la propuesta del Ejecutivo para el próximo considera una caída real de 2,3% en el gasto destinado a transferencias monetarias, con lo que dichos aportes representan un 14% de los desembolsos totales del Estado. Esto, a su vez, implica una reducción de 0,7 punto porcentual (pp.) respecto al erario del actual ejercicio.
El reporte de los investigadores Felipe Bettancourt, Matías Otth y Margarita Vial, detalla que la reducción del gasto en transferencias equivale a US$ 303 millones. Con todo, los aportes estatales a los bolsillos de las personas borderán los US$ 13.000 millones el próximo año, lo que representa un 3,7% del Producto Interno Bruto (PIB). Esto última implica una reducción de tres décimas en la participación de las transferencias en el tamaño de la economía si se compara con el Presupuesto del 2024.
Ambos ratios se alejan del máximo alcanzado en 2023, cuando un 15,8% del gasto -equivalente a un 4% del Producto- se destinaba a subvencionar a las personas.
La Pensión Garantizada Universal (PGU) constituye la principal transferencia monetaria directa en Chile, concentrando casi el 50% de las aportes totales.
En comparación con el Presupuesto de este año, los desembolsos para el pago de la PGU se incrementan un 3,1%. Mientras que en contraste, destaca la baja de los fondos para el pago del Subsidio Único Familiar (15,7%, US$ 140 millones menos que este año) y el fin de programas como el Bolsillo Familiar Electrónico y el Ingreso Mínimo Garantizado, ambos implicando la liberación de fondos por US$ 290 millones.
La PGU explica un 51% del total de transferencias del Estado hacia los ciudadanos, tres puntos porcentuales mayor al 2024. Mucho más atrás le siguen las pensiones del sistema de reparto y leyes reparatorias de Derechos Humanos, con un 21% del total (mismo peso que este año). Luego vienen las pensiones del Aporte Previsional Solidario (APS, con el mismo 6% que este año), el Subsidio Único Familiar (de 7% a 6% respecto a 2024), la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (5% en ambos ejercicios), y el Aporte Familiar Permanente (2% en los dos años analizados).
Personal versus transferencias
El análisis también se enfoca en el peso de los subsidios directos en comparación con otro gasto importante dentro del Presupuesto: el destinado a financiar el personal del aparato estatal.
En 2025 el monto destinado al gasto en personal (conocido como el subtítulo 21) ascendió un 19,5% del total, mayor que el destinado a transferencias directas (14%).
En el caso de la inversión pública, esta corresponde a un 15,9% del total de gasto del Estado, ubicándose por sobre de las transferencias directas.
Para hacerse una idea, el Presupuesto 2024 consideró que un 18,9% del gasto se destine a personal, un 14,7% a transferencias directa y un 15,7% a inversión estatal.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
presupuesto
