Tal como lo anticipó, la Contraloría General de la República (CGR) dio este lunes un nuevo paso en sus tareas de fiscalización. En su undécimo Consolidado de Información Circularizada (CIC) identificó que 342 municipalidades del país (90%) no han cumplido con remitir a la Subsecretaría de Prevención del Delito toda la documentación relacionada con sus Planes Comunales de Seguridad Pública y las sesiones del Consejo Comunal de Seguridad Pública entre 2024 y 2025.
Según un comunicado de la entidad, la importancia de esta temática radica en que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece instrumentos de gestión e instancias de coordinación para que los municipios, mediante los Planes Comunales de Seguridad Pública y los Consejos Comunales de Seguridad Pública adopten medidas intersectoriales que permitan mejorar las condiciones de seguridad y la calidad de vida de los habitantes de la comuna.
El nuevo CIC establece que de los 342 municipios, 110 están en categoría de “urgentes”, es decir, tienen un mayor riesgo de vulnerabilidad socio-delictual. Entre ellas, Alto Biobío, Ercilla, General Lagos, Independencia, La Florida, La Pintana, Lonquimay, Puerto Montt, Nueva Imperial, Mulchén, Pucón, Purén, Talagante y Tirúa.
En este contexto, se señaló que, a febrero 24 municipios del país tenían sus Planes vencidos y, 40 gobiernos locales no los habían enviado a la Subsecretaría de Prevención del Delito, como lo estipula la norma.
En la categoría de “urgentes”, seis municipalidades tienen sus planes vencidos a febrero, destacando entre ellos La Florida, considerada la novena comuna a nivel nacional con mayor riesgo de vulnerabilidad socio delictual.
La CGR explicó que la falta un Plan de Seguridad Comunal aumenta la probabilidad de acciones improvisadas y descoordinadas para el combate de la delincuencia. Así también será mucho más difícil la prevención de delitos, específicamente relacionados con la realidad comunal, afectando la exposición de la población a delitos u otro tipo de eventos.
Por otro lado, advirtieron que no contar con un consejo o que se sesione con periodicidad, debilita la coordinación y la comunicación entre las autoridades locales, fuerzas policiales, entidades públicas y comunidad, disminuyendo la eficacia de las acciones que se pretendan tomar en materia de seguridad.
Según estipulado por la Ley 18.695 los municipios deben enviar a la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) las actas de todas las sesiones del Consejo Comunal de Seguridad. Lo mismo ocurre con los Planes Comunales de Seguridad Pública, los que además deben actualizarse anualmente durante su vigencia.
Situación de los consejos
La Contraloría detectó también que, entre 2021 y 2024, se notó una disminución en la remisión de actas del consejo por parte las municipalidades. De hecho, 72 municipios las habrían remitido más de un año después de su celebración, entre ellas están: Lago Ranco, La Florida, La Pintana y Ñuñoa.
Asimismo, 19 municipalidades de esta categoría reportaron antecedentes a la Subsecretaría de Prevención del Delito sobre ninguna sesión del Consejo en los últimos años. En esta categoría están Alto Biobío, Cartagena, Curacautín, Linares, Macul y Pozo Almonte.
En este mismo contexto, destacaron que siete de las 40 municipalidades con mayor riesgo de vulnerabilidad socio delictual han reportado solo entre dos y seis sesiones del consejo durante 2024, por lo que no hay constancia de que hayan sesionado una vez al mes como exige la norma. En esta área figuran las comunas de Calama, Estación Central, La Pintana, Lo Espejo, Quilicura, Talca y Viña del Mar.
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