Como parte del trabajo que encargó el Ministerio de Hacienda a un grupo de académicos de la Universidad Católica como base de insumos del Gobierno para la fase de reactivación de la economía, el subdirector de Investigación Aplicada del Centro de Políticas Públicas UC, Nicolás Muñoz, advirtió que los costos de implementación de los protocolos para las micro y pequeñas empresas son elevados, por lo que aconseja que el Estado defina un apoyo específico para ellas.
En base a un estudio sobre la aplicación de medidas de seguridad que permitan la reapertura de las actividades productivas -una vez que se mitigue la velocidad de contagio del coronavirus en medio de la crisis sanitaria- el grupo de académicos de la universidad identificó que el costo de implementación promedio mensual por trabajador es casi tres veces mayor en las micro y pequeñas empresas que en una de mayor tamaño. Esto al pasar de los $ 116.666 que significaría aplicar un reglamento con las medidas obligatorias y las recomendadas en una compañía con cinco empleados a los $ 39.127 en una de 500.
El interés del grupo de académicos es "poder poner esta evidencia sobre la mesa"
para el diseño de políticas públicas.
“Nuestras estimaciones muestran que particularmente las micro y pequeñas empresas enfrentarán costos relativamente altos para poder reiniciar sus operaciones en un contexto post pandemia. En estos casos sería conveniente apoyarlas, ya que de lo contrario no podrán operar o se verán enfrentadas a un mayor riesgo de contagio y por ende a una intermitencia en su reactivación económica. Lo que puede acrecentar la delicada situación financiera de este sector”, advirtió Muñoz.
En el seminario “Protocolos de reactivación para las empresas y sus costos” organizado por el Centro de Políticas Públicas en conjunto con el Instituto de Económia UC, se reveló la asimetría que presentan las compañías al momento de enfrentar la fase de reactivación. Esto, porque hay costos fijos que no dependen del número de trabajadores.
“De acuerdo a nuestro modelo, hay 3 variables que hacen aumentar el costo de forma significativa: si tienen lugares comunes masivos dentro de su lugar de trabajo, si atienden público, y si realizan delivery”, aclaró. A ellas se suma las economías de escala que puede hacer una gran empresa para prorratear los valores versus una pequeña.
Cómo se hizo el cálculo
Para estimar el costo mensual el estudio tomó 56 medidas y se centró en tres sectores: comercio, construcción y manufactura. En paralelo se definieron tres tamaños según número de trabajadores que van desde cinco, 50 y 100.
Entre el tipo de acciones que se tomaron en cuenta para elaborar la estimación figuran la capacitación que se necesita respecto del riesgo de contraer Covid hasta la necesidad de identificar actividades básicas y cuáles son los trabajadores críticos para dar continuidad a la actividad productiva, entre otras.
Dado que el impacto de cada acción que contenga un determinado protocolo es diferente sobre los costos finales, según sea la naturaleza de la empresa, se establecieron variables críticas para realizar el cálculo.
Para entender la dimensión, Muñoz ejemplificó que en el caso de una empresa ligada al sector del comercio sin lugares masivos como comedores, que no atienda público el monto mensual por trabajador es de $ 26.733 para una de 500 empleados. En contraste para el mismo perfil de compañía pero con cinco funcionarios este valor se dispara a $ 94.970.
En tanto, para una ligada al comercio que cuenta con lugares masivos, que atienda público como giro principal y que, además utilice delivery la diferencia es de 35% entre una de 500 empleados en comparación a una de 50, al pasar de $ 52.383 a $ 70.818, respectivamente.
Respecto al sector en que se debiera poner foco en el apoyo, Muñoz señaló que no hay una respuesta única. “Hay que mirar factores como el riesgo de contagio, cantidad de trabajadores, quienes tendrán más restricciones financieras para costear un protocolo y al mismo tiempo discriminar aquellas que tienen una situación financiera preCovid saludable, de manera que ese apoyo tenga un retorno en el futuro”.
En este contexto mencionó que comercio, manufactura, construcción, turismo y educación son actividades que debieran ser priorizadas.
Ante esto mira con atención la manera en que esta asimetría fue resuelta en otros países como Irlanda en donde entregaron un voucher de una sola vez por 2.500 euros a empresas con menos de 50 trabajadores para costear entre otras cosas la inversión inicial de habilitar el lugar de trabajo con las medidas de seguridad necesarias.
Agregó que esta información fue compartida con Hacienda y otras autoridades ya que “nos interesa poder poner esta evidencia sobre la mesa para que quienes les toca tomar decisiones puedan hacerlo de forma informada”.
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