La crisis del sistema de isapres y cómo resguardar a los 3,5 millones de afiliados a esta modalidad de salud, fueron parte de las preocupaciones que los partidos del oficialismo manifestaron al gobierno en el comité político ampliado desarrollado en La Moneda.
En esta instancia, los ministros de Hacienda, Mario Marcel, y del Trabajo, Jeannette Jara, fueron los encargados de explicar que el Ejecutivo ya está analizando el tema y la posibilidad de tomar medidas legislativas cuando deba informar cómo implementar el fallo de la Corte Suprema sobre la tabla de factores.
La ministra vocera del Ejecutivo, Camila Vallejo, indicó que “la principal preocupación es con los usuarios (de las isapres), que se sientan protegidos y poder tener la libertad de elegir los prestadores. Esto se trabaja con prudencia y responsabilidad, sin caer en presiones comunicacionales que surgen de los interesados en estas materias”.
“La principal preocupación es con los usuarios (de las isapres), que se sientan protegidos y poder tener la libertad de elegir los prestadores. “
Camila Vallejo, ministra Vocera de Gobierno.
El senador y presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, indicó que el compromiso del gobierno es “dar certeza a la gente que hoy está en isapres que nadie se quede atrás, que nadie se quede sin seguridad respecto al derecho a la salud, pero al mismo tiempo el gobierno tiene que cumplir el fallo de la Corte Suprema”.
Recordó que se están analizando más de 40 mil planes y 900 factores de salud: “Eso está haciendo el gobierno, hay un equipo diseñando cómo se va a implementar de manera gradual, pero responsable y decidida hacia un sistema de salud que sea entendido como un derecho social y no como un derecho privado”.
Adelantó que “eventualmente a la vuelta del receso legislativo podría haber la presentación de proyectos de ley en esa dirección, pero no es algo que esté decidido hoy por parte del gobierno”.
La timonel del PPD, Natalia Piergentili, sostuvo que como gobierno “la ministra de Salud (Ximena Aguilera) está haciendo los análisis de cómo abordarlo” y afirmó que “nos dicen falsamente que el gobierno no quiere salvar a las isapres y eso lo tiene parapetado. Nada que ver. El gobierno tiene la obligación para con esos 3,5 millones de afiliados a las isapres. Nos estamos ocupando que esas personas no tengan incertidumbre de sus atenciones”.
El diputado de Acción Humanista, Tomas Hirsch, planteó que las Isapres “han estado tratando de responsabilizar al gobierno por su situación y terminan pidiendo ayuda al Estado. El tema no son las Isapres, sino que las familias chilenas, que son alrededor del 15% de la población del país, clase media, que se vería afectado por un eventual colapso del sistema”.
Frente a eso , dijo que “le hemos planteado al gobierno y lo comparte, el buscar los mecanismos para asegurar a esa población que hoy está en isapres que no van a quedar desvalidos y podrán seguir contando con cobertura de salud. En eso está comprometido el gobierno”.
Sostuvo que la contingencia “hace más evidente que hay que avanzar en el programa de gobierno en materia de salud, particularmente en un fondo universal. Tendremos que buscar el momento preciso para avanzar en ese proyecto”.
Preocupación por Jackson
Las acusaciones constitucionales son otro de los temas que preocupan al oficialismo, debido a que aún se mantiene la incertidumbre si estarán los votos necesarios para evitar que prosperen los libelos contra el ministro de Desarrollo social, Giorgio Jackson y la extitular de Justicia, Marcela Ríos.
Para que alguna de las acusaciones sea aprobada en la Cámara se necesitan 78 sufragios favorables, considerando los 155 diputados en ejercicio. En el oficialismo esperan que ambos libelos no prosperen.
Latorre sostuvo que “siempre hay preocupación que se apruebe la destitución de un ministro de Estado, y en mi caso como presidente del partido de Giorgio Jackson. Esperamos que no estén los votos”.
El secretario general del PC, Lautaro Carmona, afirmó que ya está en marcha una coordinación para que se rechacen las acusaciones: “Las bancadas están orientadas a tener una sola conducta, incluso autoexigiéndose presencia en la Cámara más allá de los compromisos que tengan los parlamentarios en sus territorios” esos días.
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