Si bien el foco de la discusión política por estos días está en el destino de la reforma tributaria, hay otro set de iniciativas bajo análisis de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Una de ellas es el proyecto que establece un mayor control de los gastos reservados de las fuerzas armadas y de seguridad, que se vota hoy en general en la instancia.
Una minuta de los parlamentarios opositores de la instancia califica como “insuficiente” la propuesta del Ejecutivo y propone a lo menos cinco modificaciones a la propuesta. El documento fue remitido a la cartera de Defensa.
“Es urgente perfeccionar la norma legal que está en comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para que haya real control civil y democrático sobre los gastos reservados, que los recursos sean responsabilidad de los ministros de Estado (de Defensa en caso de FFAA y de Interior en caso de Carabineros), que se regule rol del Congreso en la definición de los montos en ley de presupuestos anual como en accountability posterior y afinar rol de Contraloría en fiscalización posterior”, señala el texto.
Los legisladores solicitan que se “perfeccione” la institucionalidad de control de dichos recursos. Así, solicitan en un primer punto que se “ratifique” la eliminación de los pisos mínimos destinados a las Fuerzas Armadas y de orden; que la ley tenga una “adecuada definición y ámbito de aplicación” para dichos montos, estableciendo que son “estratégicos para la seguridad externa e interna; y que el Congreso establezca un mecanismo legal para fijar dichos fondos cada año en la Ley de Presupuesto, sometido a una rendición de cuentas semestral en sesión secreta en la comisión mixta de Presupuesto.
Otro punto del petitorio hace referencia a que las carteras de Defensa e Interior deben entregar, post aprobación del Presupuesto, una planificación anual del uso de los gastos reservados, “con la cual se establece un adecuado control civil y se identifican las responsabilidades políticas”.
“Una institucionalidad con esas características facilitará la fiscalización de la Contraloría General de la República”, concluye el documento.
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