Terminar con el Crédito con Aval del Estado (CAE) o por lo menos plantear mecanismos para enfrentar el endeudamiento con el que miles de chilenos y chilenas cargan por estudiar, se ha convertido en una demanda sentida entre la ciudadanía.
Quienes están postulando a llegar a la presidencia de Chile plantean en sus programas diferentes caminos para abordar los problemas que implica para las familias financiar la educación superior, y cuando faltan cinco días para acudir a las urnas y votar, DF decidió recoger algunas de estas propuestas.
En un nuevo ejercicio de la serie que a diario muestra diferentes propuestas económicas de los presidenciables, optamos por considerar esta vez las iniciativas de financiamiento -ya sea a universidades, Centros de Formación Técnica (CFT) o Institutos Profesionales (IP)-, entendiendo que hay temas relacionados con calidad y acceso o permanencia que representan otros grandes desafíos para la educación superior nacional.
Gabriel Boric,
Apruebo Dignidad
Fin al CAE y más financiamiento
para instituciones estatales
- Condonación universal de deudas estudiantiles a través de un esquema de pagos a largo plazo por parte del Estado, donde la gradualidad sea soportada por las instituciones financieras. Poner fin al CAE y crear un nuevo sistema único de créditos transitorio, hasta alcanzar la gratuidad universal. Será público, solidario, sin interés y sin participación de los bancos.
- Aumentar el financiamiento basal a las instituciones estatales e impulsar la expansión de su matrícula, por medio de un crecimiento sostenido de esta en los próximos años. Se priorizará a las instituciones regionales y a las mujeres en áreas altamente masculinizadas. Se fortalecerá la instalación de los CFT estatales.
- Revisar y mejorar la política de gratuidad, especialmente su regulación, cobertura y requisitos institucionales, además de políticas de financiamiento a la educación superior, fortaleciendo la asignación de recursos basales a instituciones públicas, con foco en descentralización, sistema técnico profesional y con perspectiva de género.
- Fin al lucro en la educación superior técnico-profesional.
- Apoyar a universidades, CFT e IP en el diseño de mecanismos para la prevención y mitigación del impacto del Covid-19 en las comunidades. Se apoyará a todas y todos los estudiantes con gratuidad que por la pandemia retrasaron sus estudios, incluyendo prácticas.
- Potenciar la relación de la educación superior técnico-profesional y el mundo del trabajo, promoviendo un actuar coordinado en espacios de formación en alternancia, prácticas y articulación de trayectorias educativas.
- Revisar los principales instrumentos de financiamiento, en cuanto a su pertinencia, eficacia y capacidad de articulación y planificación, como por ejemplo Becas Chile.
José Antonio kast,
Partido Repúblicano
Eliminar diferencias entre
universidades estatales y privadas, CFT e IP
- Eliminar las diferencias entre las universidades estatales y privadas, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica.
- Eliminar la segmentación tradicional, forjada de manera histórica por autoridades afincados en el sistema (específicamente, el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas) para capturar el financiamiento estatal.
- Focalizar el gasto social permitiendo la libertad de elegir para todos los chilenos, especialmente en salud y educación.
- El Estado debe garantizar acceso a educación inicial y escolar gratuita a todos los chilenos. Además, debe proveer acceso a financiamiento a los estudiantes para su educación terciaria en función de los recursos que tenga a disposición.
Yasna Provoste,
Nuevo Pacto Social
Hacia una ruta definida de
beneficios para los estudiantes
- Aumentar el tiempo de cobertura de la gratuidad, como medida de urgencia, por dos ejercicios presupuestarios, hasta que se retome la "normalidad" de los efectos de la pandemia.
- Incrementar el límite de duración de la gratuidad en dos semestres en carreras universitarias y un semestre en carreras técnicas.
- Poner fin al CAE. Se propone avanzar en un conjunto de etapas concretas que permitirán -al final del período presidencial- ofrecer al país un nuevo sistema de ayudas estudiantiles con un eje central en la gratuidad, complementado con un nuevo "sistema de aporte solidario diferido".
- Crear una Ruta Coordinada de Beneficios Estudiantiles. Una medida de fondo y permanente que articule todos los instrumentos de beneficio arancelario y de apoyo a los estudiantes.
- Retomar las becas de estudio al extranjero y perfeccionamiento de mecanismos de vinculación entre el sector privado y productivo con los marcos de cualificaciones y las trayectorias educativas en la formación técnica de nivel superior.
- Fortalecer la política de capital humano avanzado, otorgando becas para programas de postgrado en universidades chilenas y en el extranjero (Becas Chile).
Sebastián Sichel,
Chile Podemos Más
Mecanismo de exención
de pagos para egresados
con bajas rentas
- Crear un nuevo crédito de acceso garantizado a la Educación Superior a un máximo de veinte años a tasa real equivalente al costo del financiamiento del Estado, con tope de 2% y donde la cuota no supere el 10% de los ingresos imponibles de la persona.
- Este mecanismo incluirá la posibilidad de solicitar una manutención de hasta un sueldo mínimo.
- Crear un mecanismo de exención de pagos y/o condonación de deuda para los estudiantes que hayan egresado o desertado y tengan muy bajas rentas.
- Se propone extender este mecanismo de exención a los actuales deudores CAE, con foco en mujeres jefas de hogar o egresadas pertenecientes a los dos primeros quintiles y que no hayan podido ingresar al mundo laboral o han quedado cesantes.
- Alinear los incentivos de la gratuidad, de la acreditación y del financiamiento del nuevo crédito a la duración estándar internacional de las carreras.
- Impulsar becas e investigación en materia de ciencia, tecnología e innovación.
- Focalizar Becas Chile en temas relacionados con áreas prioritarias.
Marco Enriquez Ominami,
Partido progresista
Ampliar cobertura de la gratuidad
y aumentar los fondos basales en
la Ley de Presupuestos
- Ampliar gratuidad hasta el octavo decil.
- Congelar pago del CAE.
- Disponer de un fondo basal especial de financiamiento para las universidades del Estado.
- No contabilizar un año académico (2020 o 2021) en la duración de los estudios a financiar por la gratuidad por impacto de la pandemia.
- Aumentar los fondos basales en la Ley de Presupuestos, para que, a lo menos, compensen los menores ingresos de 2020 y 2021.
- Modificar legislación que establece que instituciones estatales de educación superior no pueden contraer deudas que excedan el período presidencial.
- De no existir recursos adicionales por parte del Estado, se debe permitir nuevamente el uso de los excedentes acumulados del Fondo Solidario para enfrentar gastos de los años de pandemia.
Franco Parisi,
Partido de la Gente
Ahorro y reorientación de los
recursos públicos hacia educación
- Educación gratuita y de calidad para los niños y jóvenes.
- Redistribución de gastos para apoyar pensiones, salud y educación. Se plantea como elemento básico que el Estado ahorre al menos el 20% del presupuesto actual con el propósito de destinar esos recursos a pensiones, salud y educación. Se espera ahorrar US$ 15 mil millones. Se espera que esto de origen a una nueva gobernanza para la educación terciaria.
- Disminuir el tamaño del Estado en un 25% con el propósito de destinar esos recursos a mejorar las pensiones básicas solidarias, la atención de salud y la educación.
Eduardo Artés,
Unión Patriótica
Plan nacional de becas y derecho
a educación garantizado
- El Estado asignará fondos para los proyectos de investigación que apoyen tanto de forma práctica como teórica el proceso de industrialización. En la asignación de fondos no se hará preferencia ni distinción de si la universidad es estatal, mixta o privada, sino en la calidad y factibilidad del proyecto mismo.
- Se ideará un sistema nacional de educación y capacitación, conducente a la (re)reeducación y la (re)capacitación de la trabajadora y del trabajador, para que sean capaces de satisfacer las necesidades del proceso de industrialización de la patria, siendo flexibles ante los cambios constantes que exigirá el proceso de industrialización.
- El derecho a la educación estará garantizado a todos los habitantes del nuevo Estado Plurinacional de Chile.
- Se estudiará un Plan Nacional de Becas lo suficientemente extenso como para asegurar la incorporación y la continuidad escolar a las y los niños de Chile, especialmente a las y los hijos del obrero, del campesino, del aborigen y del pequeño empresario e industrial.
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