El desalojo está lejos de ser la solución final a los campamentos y solo traslada el problema. Así lo reveló un estudio que hizo Techo-Chile, que realizó seguimiento a 30 hogares provenientes de cinco campamentos de la Región Metropolitana que enfrentaron dicha situación para saber qué ocurrió una vez que abandonaron los terrenos.
La conclusión fue clara: la mayoría volvió a la precariedad habitacional. Del total estudiado, 23 se trasladaron a otros campamentos, o bien, accedieron a arriendos sin contrato o a condiciones de allegamiento. Los otros siete hogares regresaron a una condición habitacional similar a la que tenían antes de llegar al asentamiento ilegal, sin mostrar avances en su situación.
Lo anterior se traduce en que tres de cada cuatro hogares analizados no han podido acceder a una solución habitacional.
Un resultado que se da en un contexto en que, según el último Catastro Nacional de Campamentos de la fundación, hay 1.428 en el país y más de 120 mil familias viviendo en ellos. De ese total, a su vez, 449 presentan algún tipo de amenaza de desalojo.
Esto último ya ha ocurrido en 59 casos en los últimos seis años. Entre 2019 y 2024, por ejemplo, se dictaron 91 sentencias.
“El desalojo es simplemente un mecanismo de traslado de la precariedad habitacional de un lugar a otro”, afirmó la directora social de Techo-Chile, Isidora García.
Y, por lo mismo, agregó que se sabe que “va a seguir ocurriendo, porque la institucionalidad ha reforzado el derecho de los dueños de los terrenos ante las tomas. El punto es qué se hace con las casi 100 mil personas que hoy están notificadas o amenazadas de desalojo”.
“Urge una nueva estrategia nacional”
Además, se concluyó que los hogares priorizaron mantenerse en la comuna del campamento o en comunas aledañas, incluso a costa de su estabilidad habitacional, confirmando la relevancia del arraigo territorial, las redes familiares, las fuentes laborales y el acceso a servicios.
De hecho, 14 de los 30 estudiados se mantuvieron en la misma comuna o en sus cercanías. Incluso, la mitad se trasladó más de una vez antes de establecerse en un lugar.
García explicó que por los tiempos que demoran los proyectos de vivienda social, no es posible que las personas tengan soluciones definitivas tras un desalojo.
“Hemos sabido de casos en que los subsidios de arriendo transitorios logran “reenganchar” a las personas con el mercado formal de vivienda. Sin embargo, estos son casos aislados”, indicó.
Ante ello, expresó su preocupación por cómo se plantea el desalojo, sin dimensionar las causas del problema ni las consecuencias que esto tiene. Algo que, acusa, ha costado que los gobiernos aborden con mirada de política pública y no solo como un tema más de la agenda de seguridad.
“Esto aplica para el problema de los campamentos en general: la nueva realidad de los campamentos superó las políticas que fueron exitosas en los ‘90 y 2000 y, en vez de adaptarlas para dar vivienda digna a las personas, se ha optado por pedirle a la fuerza pública que traslade el problema a un lugar donde no lo veamos. Al país le urge una nueva estrategia nacional para que no haya más familias viviendo en campamentos”, señaló.
Fallas en instrumentos
El estudio también concluyó que hay fallas en los instrumentos de apoyo tras el desalojo.
De esta manera, se detectaron problemas en el uso de los Gastos de Traslado Transitorio (GTT), que se trata de un aporte monetario por un tiempo limitado para cubrir gastos de arriendo de cada hogar, a la espera de una solución habitacional definitiva.
De los 30 hogares estudiados, solo 10 accedieron al GTT y cinco aplicaron el beneficio. De estos últimos, solo dos pudieron mantener su núcleo y solo uno se quedó en su comuna.
García explicó que se identificaron fallas en todas las etapas de la cadena del instrumento: la gran mayoría de los hogares ni siquiera accede al beneficio; de aquellos que lo hacen, la mitad no logra arrendar con contrato; y de los que arriendan, la mayoría no logra mantener a la familia unida.
“Todo indica que no funciona bien porque no fue diseñado para esto, sino para usarse como puente hacia proyectos habitacionales definitivos”, puntualizó.
Otra inquietud que deja la herramienta, señaló, es que “su uso es completamente arbitrario y esporádico”, acusando que este depende de la voluntad política y la disponibilidad de recursos.
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Amanda Santillán
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