"En lo procedimental es urgente la recuperación del orden público. Si el 27 y 28 de enero tenemos problemas con la PSU, no solo en que se impide rendirla sino que tenga la simpatía e incluso el respaldo de partidos políticos con representación parlamentaria es muy complicado para la credibilidad del proceso", dijo el abogado miembro de la Comisión Técnica para la reforma constitucional, Arturo Fermandois, esta mañana en el seminario "Proceso constituyente y el problema de la representación" organizado por Clapes UC y Centro de Políticas Públicas UC.
Así como los economistas han advertido sobre el certero golpe que infligió a la economía los hechos de violencia, los abogados hoy son quienes la ven como el principal riesgo que puede poner en jaque al proceso de una nueva Constitución.
A juicio de Fermandois, la falta de control del orden público es "el gran problema" al que nos enfrentamos de cara al debate de una nueva carta fundamental.
"Este proceso no solo, no podría cumplir con las expectativas de la gente, sino que podría transformarse en ilegítimo. Si 80 mil alumnos no pudieron dar la PSU y a miles se les arrancó su prueba de las manos para ser quemadas ¿Podrá ser legítimo un acto eleccionario en esas condiciones?", señaló el abogado constitucionalista e investigador asociado de Clapes UC.
Para el abogado y profesor en Derecho Económico, Felipe Bravo, la violencia reviste el riesgo de coaccionar el voto del plebiscito del 26 de abril, pero no considera que lo deslegitime. Esto porque: "La violencia puede forzar a las personas adoptar una decisión que nos sea libre (...) votar rechazo o apruebo, ambas son legítimas el problema es que si ve una opción como más legitima que la otra puede generar entonces algún incentivo a que las personas voten por el apruebo, por ejemplo, porque consideran que el rechazo va a generar más violencia", explicó.
Salir de la consigna y pasar al argumento
Fermandois, además agregó que se suma la ausencia de argumentos en la discusión "Hasta ahora ha sido suficiente decir queremos fin al Estado subsidiario, queremos mejores pensiones, esta Constitución ha impedida una agenda social. Esto ha prendido mucho, pero yo estoy invitando a que precisen".
De lo contrario, augura que tendremos "un mal plebiscito" de entrada porque habrá expectativas que no se podrán cumplir. "Hay que reducir la grave desinformación, hay que salir de la consigna y pasar al argumento", señaló.
Un punto en el que ahondó la abogada y académica de la Facultad de Derecho UC, Constanza Hube, fue sobre las expectativas que mantiene la ciudadanía sobre una mejora en su calidad de vida en temas relacionados con pensiones, salud e ingresos, las que a su juicio no tendrán respuestas con una nueva Carta Magna.
La experta constitucionalista relató un caso en que se le preguntó "¿Qué se puede hacer en lo constitucional para aumentar la pensión y dar más oportunidades en materia laboral? El trago amargo, desde mi perspectiva, fue tener que responder que lamentablemente la Constitución poco y nada puede decir" dado que está llamada a ser una norma que "organiza y estructura el poder y resguarda los derechos fundamentales. Y todo lo demás debe quedar a la deliberación democrática".
Entre las certezas jurídicas Fermandois, mencionó los límites materiales establecidos para la nueva Carta Magna que entre otros puntos respeta el carácter de República del Estado de Chile, resguarda el régimen democrático, las sentencias judiciales ejecutadas y la vigencia de los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes.
Respecto a los quórums precisó que las dos interpretaciones que han surgido son "absurdas" y tendrá que ser resuelto mediante el reglamento, el cual no tiene un plazo determinado para ser aprobado por lo que puede darse el caso que sea un punto sin resolver una vez instalada la convención. "Quisimos resolverlo en la comisión técnica antes del 6 de diciembre pero no fue posible porque esto había escalado a un debate nacional, lo que significó que quedó diferido para el reglamento", comentó.
En lo referente a la paridad la abogada y académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, Verónica Undurraga planteó que con la entrada de más mujeres en el debate habrá que ver "quién se hace cargo de lo privado y cuáles serán los nuevos temas que se considerarán dentro de la res o cosa pública".
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
abogados
