Un hito para la descentralización del país marcará este fin de semana la elección por sufragio universal de los gobernadores regionales. Quienes sean elegidos con más del 50%, o en segunda vuelta en junio, iniciarán su tarea de cuatro años, una que implica independencia del poder central y la presidencia del consejo regional.
No será una función exenta de retos, pues en paralelo debutarán los delegados presidenciales regionales y provinciales responsables de las tareas de gobierno interior, seguridad pública y coordinación y supervigilancia de los organismos públicos de cada región.
El investigador de Espacio Público, Manuel Arís, explica que las principales competencias de los gobernadores se agrupan en ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y desarrollo social y cultural.
No habrá intendente, pero sí dos tipos de autoridades que tendrán que convivir. Y en un marco donde en el Congreso está pendiente la discusión de dos normativas que envió el Gobierno en 2020 para “implementar adecuadamente el proceso de descentralización”; y otra, que “fortalece la descentralización financiera de los Gobiernos Regionales”.
Financiamiento
La directora de políticas públicas de Libertad y Desarrollo, Bettina Horst, considera que puede haber gobernadores con normativas pendientes, pues aquellas perfeccionan la implementación del sistema y reflejan la voluntad política de avanzar en el empoderamiento de las regiones.
“Buscan resolver posibles puntos de conflicto”, sostiene, pero al mismo tiempo destaca que el primer caso complejo de resolver es el del financiamiento, que -advierte- en más de la mitad proviene de asignaciones de la Ley de Presupuestos, “que admiten importantes espacios de discrecionalidad por parte de la autoridad central de cuánto le llega a cada región”.
Y ese espacio gris, en un contexto de gobernadores electos con signos políticos distintos al gobierno central, Horst estima que “sin duda va a generar roces”.
A su juicio, “cuando tienes autoridades regionales electas necesitas que las formas de financiamiento y asignaciones de recursos desde el nivel central sean en base a parámetros objetivos, verificables y transparentes; y eso hoy, no es necesariamente así”.
Sobre la autonomía financiera que aún se discute en el Parlamento, Arís precisa que los procesos más exitosos son aquellos que avanzan primero a través de la descentralización política, luego la fiscal y, por último, la administrativa.
En este sentido, plantea que el hito político de elegir a las y los gobernadores regionales detonará un proceso de descentralización política que, en el corto plazo, deberá enfrentar definiciones en materia financiera. “De no ser así, el proceso quedará incompleto”, alerta.
El tema del financiamiento es crucial, sobre todo porque -como dice la directora de políticas públicas de LyD- la convivencia de estos dos roles “llegó para quedarse” en las regiones. “Al final del día, hoy el delegado presidencial tiene en el papel más atribuciones que el gobernador, y muchos más recursos a través de los distintos servicios del nivel central que operan en la región”, afirma.
Además, Horst anticipa una conflictividad mayor entre regiones y el nivel central, independiente de los colores políticos de los gobernadores, en cuanto van a demandar mayores funciones, atribuciones y más recursos.
Tensión política
Arís también teme tensión, pero explicada por la potencial convivencia de un delegado presidencial de signo político distinto del gobernador regional, mientras este último no tenga claras competencias asociadas a recursos autónomos.
“Para enfrentar esto, es fundamental la claridad de la norma, que acote los espacios de arbitrariedad para la delegación de competencias y recursos desde el gobierno central”, subraya.
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