El Gobierno hará uso de la Ley Antiterrorista por el atentado incendiario a una central hidroeléctrica en Biobío este fin de semana, y también frente a hechos similares ocurridos hace dos semanas en la misma región.
En la madrugada de este domingo, un ataque a la Central Rucalhue, ubicada en la comuna de Quilaco al límite con Santa Bárbara, dejó al menos 50 maquinarias quemadas y dos guardias heridos. A través de un comunicado de prensa, Rucalhue Energía informó que "afortunadamente, no hubo lesionados de gravedad", pero que "los daños materiales son significativos", y por lo tanto "se está realizando una evaluación completa de las pérdidas".
“Los hechos son muy graves, nosotros tenemos las primeras informaciones y el Ejecutivo ha tomado la decisión de iniciar la recopilación de antecedentes porque se va a querellar por Ley Antiterrorista", dijo el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, en Mesa Central, de Canal 13.
"Esta determinación se basa en la forma en que se ejecutó el incendio y el lugar en el que ocurrió, con las leyendas dejadas en el sitio, que reivindican una asociación de carácter terrorista", explicó.
También informó que invocará la misma ley con respecto al atentado del 7 de abril, que comprometió un conjunto de cabañas y una bodega en la zona de Contulmo, y que fue reivindicado por la organización Resistencia Mapuche Lafkenche (RML).
"El Ejecutivo considera que son asociaciones de carácter terrorista y que deben ser tratadas como tales", sentenció el secretario de Estado.
Asimismo, el Presidente Gabriel Boric manifestó en su cuenta de X: "El atentado en la central Rucalhue en Alto BioBio merece toda nuestra condena. Tal como lo hemos hecho en otros casos, perseguiremos y encontraremos a los responsables, que deberán responder ante la justicia. Seguiremos trabajando sin dar pie atrás para erradicar toda forma de violencia".
Rucalhue aseguró que el proyecto Central Rucalhue "cumple con toda la normativa ambiental, social y técnica vigente, y que su desarrollo ha sido parte de un proceso transparente ante las instituciones del Estado".
También la empresa afirmó que está comprometida con el diálogo, la paz social y el respeto hacia las comunidades vecinas. "Seguiremos trabajando con responsabilidad y de manera colaborativa con los distintos actores del territorio, convencidos de que el desarrollo sustentable es posible en un marco de respeto mutuo", sostuvo.
Reacciones gremiales
“Este tipo de situaciones atenta contra la libertad del trabajo y la libertad de desarrollo. Esperamos que no se repitan en nuestra región”, dijo el presidente de CPC Biobío, Álvaro Ananias, quien llamó a las instituciones del Estado a identificar y sancionar a los responsables.
La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) calificó el atentado como “uno de los más graves registrados en la zona”, y afirmó que “vuelve a evidenciar el nivel de desprotección en el que se encuentran los territorios rurales y la urgente necesidad de una acción más decidida del Estado para restablecer el orden. Sin seguridad, no hay inversión, ni desarrollo posible para el mundo rural”.
Desde Irade, en tanto, expresaron que este acto “no solo atenta contra la propiedad privada, la seguridad de las personas y el Estado de Derecho, sino que también amenaza el desarrollo sostenible de nuestra región. El proyecto Rucalhue (...) representa una inversión relevante para la transición energética del país y ha sido concebido con una mirada de largo plazo hacia la generación de energía segura y sustentable”.
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