Para el lunes 3 de enero la sala de la Cámara de Diputados tiene en tabla votar el proyecto de ley que crea una nueva Pensión Garantizada Universal (PGU), iniciativa que el Gobierno espera sea ley durante el primer mes del próximo año y comenzar a pagarla en marzo, según señaló el ministro del Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero.
En esa misma línea se manifestó el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, quien -al destacar los avances legislativos- valoró que la PGU tenga un “rápido despacho y esperamos que sea ley pronto. Nos queda enero legislativo y tenemos esperanza que vamos a tener tiempo y acuerdos para seguir impulsando la agenda legislativa hasta el último día”.
El tema fue analizado en el comité político en La Moneda con la importancia que tiene debido a que podría ser una de las últimas iniciativas legislativas de la administración Piñera que se transforme en ley.
Melero explicó que, si bien el próximo lunes en paralelo se vota en comisión de Hacienda el financiamiento a la PGU -con cambios en las exenciones tributarias-, “el propósito del Gobierno es que los dos proyectos avancen pronto al Senado”.
Afirmó que el 60% del proyecto tiene recursos asegurados en la partida de Tesoro Público del Presupuesto de 2022: “Ya hay una provisión para hacerse cargo de una parte del financiamiento”.
El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, explicó que el costo fiscal de la PGU es de 0,95% del PIB, entre 2018 y 2034, por un monto cercano a US$ 3 mil millones.
Lo anterior se desglosa en un 0,35% del PIB, que corresponderá a lo que se recaude con la eliminación o reducción de exenciones.
En tanto, un 0,5% provendrá de la Ley de Presupuestos 2022, con dineros que se aportarán para financiar las reformas de pensiones que se discuten en el Congreso.
Y el 0,1% restante considerará la mitad del aporte obligatorio al Fondo de Reserva de Pensiones (FRP).
¿Y la reforma integral?
El ministro Melero sostuvo que espera que siga la buena disposición de todos los sectores políticos para sacar adelante la normativa. “Ayudó que la mayoría de los candidatos presidenciales tenían incorporada una pensión garantizada, la alta aceptación en los potenciales beneficiados y un alto grado de consenso en la ciudadanía”, indicó.
De todas formas, reconoció que será difícil poder concretar algún otro proyecto relativo a pensiones en las pocas semanas que quedan de Congreso a la actual administración. “La aprobación de la PGU allana el camino para un mejor entendimiento de una reforma previsional integral, pero a la luz de los plazos que quedan y que la Convención también abordará la situación, queda con esto una buena base para que la próxima administración siga adelante con las mejoras”, afirmó.
El proyecto del Ejecutivo reemplazará al Pilar Solidario mediante una PGU de $ 185.000 para las personas mayores de 65 años que estén en el 80% de la población más vulnerable, extendiendo también parte del beneficio a quienes se encuentren entre el 81% y 90% de vulnerabilidad.
Esta pensión de carácter no contributivo es complementario al ahorro individual y la pueden recibir pensionados, bajo cualquier modalidad, y adultos mayores que se encuentren laboralmente activos. Además, será administrado, otorgado y pagado por el Instituto de Previsión Social (IPS), el que estará supervisado por la Superintendencia de Pensiones.
Adicionalmente, las personas que podrán acceder al PGU deben acreditar residencia en Chile de al menos 20 años, contados desde los 20 años de edad, y tener una pensión menor a $ 1.000.000.
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