"La ciberseguridad no es prioridad para el gobierno", afirman en la oposición debido al año de retraso que cumplió el compromiso del Ejecutivo de presentar ante el Congreso un proyecto de ley marco de ciberseguridad. A eso se suma, que desde el 16 de marzo no hay asesor presidencial en la materia, tras la renuncia de Mario Farren.
Eso, a pesar de la acelerada digitalización en que entró el país, producto de las cuarentenas para enfrentar la pandemia del coronavirus. Según datos de la Alianza Chilena de Ciberseguridad (ACC) las denuncias por estafa y ataques cibernéticos se han disparado en las últimas semanas.
"Recordemos que el gobierno tiene un año de retraso, aún no envía el proyecto de la institucionalidad marco en ciberseguridad y es clave que lo haga lo antes posible, no podemos seguir perdiendo tiempo", dice el senador Felipe Harboe (PPD).
Pero en La Moneda no hay prisa. Trascendió que el gobierno ha vuelto a debatir sobre la real necesidad de contar con un zar de ciberseguridad, dado el control asumido por el Ministerio del Interior. Allí, el jefe del "equipo de respuesta a incidentes de seguridad" (CSIRT), Carlos Landeros, es quien ha encabezado, desde el inicio del gobierno, el tema de ciberseguridad y ha trabajado en conjunto con los dos ex asesores presidenciales, Jorge Atton y Mario Farren, respectivamente. Ambos renunciaron a sus cargos a solo meses de haber llegado y cada uno en su momento anunció grandes avances para el sector, pero hasta la fecha nada se ha concretado.
La agencia
Inicialmente, el gobierno pensaba crear una entidad que no se sabía si sería un agencia o una repartición, en la que trabajarían unas 30 personas encargadas de monitorear los distintos sectores económicos para establecer una política nacional de seguridad cibernética. Tendría presupuesto anual propio y estaría encargada de crear protocolos para mantener y proteger las áreas más susceptibles a ataques de ciberseguridad como la generación eléctrica, sanitarias, telecomunicaciones, transporte y banca.
El senador y presidente del PS, Alvaro Elizalde, recalca que el nombramiento del encargado de ciberseguridad "es fundamental ante los enormes desafíos e insuficiencias que tenemos como país en este ámbito". A su juicio, el gobierno "no tiene justificación para la falta de preocupación".
En la UDI, el diputado Jorge Alessandri también espera que la ley salga pronto. "Mario Farren tenía experiencia, cumplió un papel, pero renunció hace meses y el coronavirus ha puesto de manifiesto la importancia y necesidad de tener formas de trabajo, informarnos y hacer trámites vía Internet. Hemos visto como el Estado debiera ser 100% digital, no ver más filas para claves únicas o para pagos de beneficios".
Debate en La Moneda
Una fuente de gobierno señala que "tener o no un delegado presidencial no ha frenado la labor en ciberseguridad que desempeña el Ejecutivo" y pone de ejemplo la alerta generada por Interior y Defensa en medio de la pandemia para evitar el uso de algunas aplicaciones inseguras para reuniones en línea que se masificaron a raíz del coronavirus.
Lo mismo piensa el senador Kenneth Pug (Independiente-RN), quien sostiene que "Chile más que un nuevo zar necesita una institucionalidad de ciberseguridad, para eso se debe avanzar en una ley marco".
Según el parlamentario, el ministerio del Interior ha asumido un rol clave en esta materia ya que el CSIRT ha permitido detectar las vulnerabilidades no sólo del Estado, sino que coordinarse con el mundo privado en base a una orgánica transitoria. "Estimo que es más conveniente mantener esta condición a la espera de consolidar una institucionalidad definitiva, mientras esa no exista no se requiere un nuevo zar", sostiene.
Durante la gestión de Mario Farren se firmaron convenios de ciberseguridad con Inglaterra, España, Israel, Argentina, Colombia, Ecuador y la OEA y un convenio que por primera vez permite el trabajo coordinado entre las distintas Superintendencias y los ministerios de Hacienda e Interior.
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