En una declaración el Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible, que reúne a un grupo de expertos ligados a la centroizquierda, criticó los US$ 10.000 millones que el Gobierno puso sobre la mesa para abordar un nuevo programa económico y social que haga frente a los coletazos que dejará la pandemia por Covid-19 en el país.
“El gobierno aún no dimensiona adecuadamente la magnitud de la crisis sanitaria y económica. Sigue subestimando la necesidad de un mayor esfuerzo fiscal para superar la pandemia y evitar un agravamiento de la crisis económica y un nuevo estallido social” señala la declaración del grupo que integran los economistas Álvaro Díaz, Roberto Zahler, Osvaldo Rosales, Ricardo Ffrench-Davis, Carlos Ominami y Andras Uthoff, entre otros.
Los dardos apuntan a que los recursos involucrados no “representan ningún esfuerzo fiscal” dado que del total estimado para este y el próximo año, US$ 3.000 millones “corresponden a meras reasignaciones” y son los que se dispondrán para 2020.
Si bien, reconocen avances en algunas de las medidas, como por ejemplo, el que se eleve la tasa de reemplazo del salario al 50% en los trabajadores con contrato definido y a 40% para un plazo fijo, el punto de discordia está en que aún no se logra fijar un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) al nivel de la línea de pobreza.
Ante esto advierten que el error del Estado sigue siendo “una ineficaz estrategia a cuenta gotas”.
“Controlar la pandemia exige una cuarentena efectiva, lo que sólo funcionará con ingresos que permitan que las personas cubran sus necesidades, sin salir de sus casas. Mientras antes controlemos la pandemia, antes podremos abordar la reactivación. La lucha contra la pandemia se juega en los próximos 3 meses. Una mal entendida austeridad fiscal obligará a un mayor gasto fiscal, haciendo más difícil la reactivación y afectando los ingresos fiscales futuros”.
Con preocupación hacen énfasis en el hecho que de que el Fisco “introduzca” dentro de su presentación un compromiso para “no levantar nuevas solicitudes de gasto”. Esto porque consideran inviable “establecer un límite administrativo a la evolución de la pandemia y a sus impactos económicos y sociales”.
Respecto del camino de convergencia fiscal estructural y de estabilización de la deuda, que se propone retomar en mayo de 2022 señalan que “esto es muy grave pues el Ministro Briones o proyecta crecimientos del 6% o está anunciando una restricción fiscal de varios años para el próximo gobierno, cerrando espacio a una agenda social post-pandemia y a una inversión pública que apoye la reactivación”.
En su declaración recuerdan la propuesta que entregaron hace tres meses en donde se elaboró un plan que involucraría un recursos fiscales por entre US$ 12.000 y US$15.000 millones.
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