A dos semanas de que se inicie el proceso de traspaso de información entre autoridades actuales y nuevas, la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, ya tiene identificada cinco iniciativas que están dentro de la agenda de la repartición del Ministerio de Desarrollo Social a la que fue designada recientemente, Paula Poblete.
“Hemos trabajado para lograr importantes avances”, señala Candia, por lo que espera que se dé continuidad a las nuevas herramientas para medir la vulnerabilidad de las personas, sus carencias y niveles de bienestar junto con profundizar lo realizado en las evaluaciones de programas y la colaboración con la academia.
En octubre pasado se implementó -asesorados por los economistas David Bravo, Andrea Repetto y Francisco Gallegos, entre otros- una serie de indicadores de caracterización socioeconómica con el uso de registros administrativos. Ellos proveen información sobre ingresos, trabajo y educación. Para este año se tiene previsto sumar índices de salud, pensiones y educación.
En esta misma línea, se incluye a la agenda que recibirá Poblete, la propuesta que a mediados de enero entregó un grupo de 10 expertos -que incluyó a Claudia Sanhueza, recientemente designada subsecretaria de Hacienda- para modificar la manera en que se determina el grado de vulnerabilidad en el Registro Social de Hogares (RSH).
Entre las recomendaciones está incluir nuevas variables que permitan determinar la vulnerabilidad en el largo y corto plazo con el objetivo de mejorar la focalización, adoptar acciones para actualizar la información del RSH lo más rápido posible y se advierte sobre evitar los cortes abruptos en el acceso de los beneficios.
Acceso a la información
El acceso a información para investigadores también es parte del cronograma que recibirá Poblete. Luego de un programa piloto en 2020, se adoptó dar acceso a los investigadores al Registro de Información Social (RIS) que utiliza el Estado para diseñar y entregar los beneficios sociales. Actualmente, está abierta la quinta convocatoria para que investigadores postulen sus trabajos asociados a dicha base de datos, hasta el 31 de marzo.
La evaluación de programas estatales es clave para esta repartición. Aquí desde la subsecretaría destacan que en estos cuatro años se centraron en reintegrar la evaluación del desempeño de la oferta social (2018), agenda de mejor gasto público (2019) y mapeo de la oferta pública.
En cuanto a la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen) que corresponde aplicar entre noviembre de este año y enero del próximo, se agrega dar continuidad a la Encuesta de Bienestar Social.
Tras el estallido social de octubre de 2019, el Gobierno buscó complementar la información sobre pobreza que entrega la Casen -que mide por ingreso y multidimensionalmente el nivel de carencias- con evaluaciones periódicas posteriores. Así para el primer semestre de 2023, ya está aprobado el presupuesto, por lo que la licitación para ejecutarla debe ser este año.
“Cada uno de estos proyectos sin duda debe seguir avanzando, buscando siempre la manera de seguir perfeccionando sus procesos y resultados”, manifestó la subsecretaria Candia.
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