Desde que el martes el Gobierno anunció que había ingresado el requerimiento al Tribunal Constitucional para impugnar la reforma constitucional del Congreso que permitiría un tercer retiro del 10% de los ahorros previsionales, en el propio Ejecutivo comenzaron a circular versiones sobre las supuestas divisiones del comité político de La Moneda en torno a la decisión presidencial. El mensaje que se hizo correr fue claro: no había unanimidad.
No era ninguna sorpresa para nadie: pese al escepticismo de buena parte de la opinión pública, el mandatario había tomado la decisión de hacer uso de su facultad constitucional y la única duda –como manifestó en privado el propio Sebastián Piñera en los días previos– era la fecha en que se ingresaría el requerimiento al TC. Se optó por hacerlo antes de la votación de este jueves en el Senado, con la acotada esperanza de cambiar el voto de algún senador oficialista.
No resulta nada extraordinario que un comité político debata acerca de una decisión presidencial y que, incluso, haya opiniones divididas en torno a un asunto delicado, como el actual: recurrir al TC ante una medida sumamente popular (que respalda al menos siete de cada 10 ciudadanos, de acuerdo a diferentes encuestas). Tampoco resulta especial que se filtren las reuniones de comité político, como sucedió a comienzos del primer gobierno de Michelle Bachelet, en 2006, en una reunión que tuvo lugar en la casa misma de la presidenta y trascendió desde lo que les cocinó a los invitados hasta el lugar de la mesa que ocuparon los comensales (aunque en ese caso, la filtración le costó el cargo a un ministro, a la larga).
Lo que ha complicado en La Moneda tiene relación a un punto central: si Piñera ha tomado la impopular decisión de recurrir al TC por el tercer retiro de los ahorros de las pensiones, con buena parte de su propia coalición en contra –que teme los evidentes efectos electorales de una decisión de esta naturaleza–, lo mínimo que requería el presidente era mostrar un comité político unido en esta materia. Es otras palabras: Piñera necesitaba completa unidad y cierre de filas en torno a la decisión de impugnar la reforma constitucional del Congreso. Pero, como les sucede a los mismos parlamentarios oficialistas, no todos en Palacio están dispuestos a asumir el costo político que implica tocar la puerta del TC.
Las dos fotografías
Luego de que la Cámara aprobara la semana pasada el tercer retiro del 10%, Chile Vamos enfrentó una tormenta política, por el fracaso de las negociaciones entre el Gobierno, los presidenciables y los presidentes de los dos principales partidos. La propuesta de Joaquín Lavín, de echar manos a los fondos de cesantía, no llegaron a buen puerto y –nuevamente– el oficialismo dejó solo al gobierno en el Congreso. Fue en parte lo que empujó el paquete económico alternativo que presentó el lunes el presidente en La Moneda, con el aumento de la universalidad del IFE (el Ingreso Familiar de Emergencia), el anuncio de la subida de los montos y promesas de facilidad en el acceso. En el anuncio de comienzos de semana, Piñera estuvo arropado por los ministros Rodrigo Delgado (Interior), Rodrigo Cerda (Hacienda), Karla Rubilar (Desarrollo Social), Jaime Bellolio (Secretaría General de Gobierno) y Juan José Ossa (Secretaría General de la Presidencia).
Pero al día siguiente, el martes, cuando el Gobierno informó que había ingresado el requerimiento al TC para frenar el nuevo retiro de los ahorros previsionales, el anuncio lo hizo Ossa. Y faltaban dos ministros: Delgado y Rubilar. Justamente los dos secretarios de Estado que –según los trascendidos replicados una y otra vez– estaban en contra de la decisión de Piñera y que supuestamente habrían dado a conocer su opinión discrepante.
El destinatario de la polémica carta que el Gobierno hizo llegar a dos medios de comunicación escritos no era el Presidente: nadie le demuestra su lealtad al jefe por la prensa. Tampoco la opinión pública, evidentemente: que los ministros "adhieren completamente" a la decisión de Piñera, finalmente solo muestra lo contrario y se transforma en un hecho político. ¿Entonces, a quién?
No cabe sino suponer que la carta fue una controvertida y fallida operación para dar señales intestinas dentro de los anillos centrales del Ejecutivo, donde algunos buscan desmarcarse de medidas impopulares. Horquillar a los que aparecen como contrarios a una decisión compleja. Una señal interna de orden. Un intento de poner en evidencia a los miembros del comité político que, aunque forman parte de una administración, no están dispuestos a asumir los costos de una decisión que el Presidente toma, dentro de las facultades que le otorga la propia Constitución.
Pero la operación fue demasiado lejos y –a quienes la digitaron– se le fue de las manos. Finalmente, fue una muy mala idea. La misiva puso en entredicho la experiencia de todo el comité político. Un nuevo ingrediente de la conflictividad política e institucional chilena, que incluye llamados de partidos como el PC a un segundo estallido, nuevas protestas y la posibilidad de una acusación constitucional en contra del presidente.
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