La ejecución presupuestaria en las regiones del país alcanzó al 24,7% al cierre de abril, lo que implica una leve alza respecto a lo observado en igual fecha de 2024 (17,3%).
El repunte de las cifras se basa en cuatro regiones que superan el 30% de utilización de los recursos asignados para el presente ejercicio.
A nivel de regiones, la ejecución fue encabezada por Ñuble, donde los números ejecutados pasaron del 15,1% en 2024 a 39,2% en el cuarto mes del año. Luego se ubicó el Maule alcanzando un 34% en comparación al 16,5% en igual periodo del año pasado; seguido de Magallanes, con un 33,5% versus un 24,1% a abril de 2024; y el cuarto puesto se instaló Santiago con un 32,7% frente al 17,8% del año anterior.
“Ya se inició la discusión presupuestaria 2026, esperamos que sin disminuir los puntos de control, puedan darnos más agilidad y tiempos conocidos en autorizaciones presupuestarias”, dijo Flies.
En contraposición, las regiones con menor ejecución del presupuesto fueron Coquimbo, con un 9,4% en relación al 11,8% de hace 12 meses; secundado por Antofagasta, con un 11,1% versus un 17,7% de 2024; y Los Ríos, con un 12,2% en contraste con el 16,7% del año anterior.
El gobernador de Magallanes, Jorge Flies, destacó que en el caso de su región ya puede adelantar que a junio llevan según sus cálculos una ejecución cercana a 45%. Y este hecho, precisó, se relaciona con “infraestructura de gran envergadura que están en ejercicio y que, en este gobierno regional, cerca del 80% son proyectos intensivos en mano de obra y eso es muy bien visto por Hacienda, pero también nos permite tener un gasto frecuente y bien hecho”.
Sin embargo, planteó que “nos preocupan los pequeños proyectos, que muchas veces van en directo beneficio de la gente, como programas en salud o extensión de electrificado, que no son de gran envergadura presupuestaria, pero siguen el mismo proceso de autorización de decreto y toma de razón y eso atrasa el camino para que puedan concretarse”.
Anticipó que, como “ya se inició la discusión presupuestaria año 2026, esperamos que sin disminuir los puntos de control, para el caso de los GORE que poseen los sistemas más exigentes en la institucionalidad chilena, nos puedan dar más agilidad y, por lo menos, tiempos conocidos, por ejemplo, en las autorizaciones presupuestarias que pueden tener una desviación de dos semanas o cinco meses; y eso hace la planificación presupuestaria muy compleja”.
La situación en Coquimbo
El gobernador de Coquimbo, Cristóbal Julia, la única región que está en un dígito de ejecución a abril, sostuvo que asumieron el Gobierno Regional con “serias brechas heredadas: falta de proyectos formulados, trámites detenidos y carteras desarticuladas respecto a las prioridades de la región”. Pese a esto, recordó que han alcanzado un 6,6% de ejecución a marzo -cuando asumió-, en un escenario en que la apertura de caja ocurrió recién el 19 de febrero, “lo que dejó solo un 44% del trimestre disponible para ejecutar”.
Esta etapa inicial, dijo, ha sido de instalación, planificación y ordenamiento, como ocurre cada vez que inicia una nueva administración. “Hoy estamos empujando junto al Consejo Regional una cartera sólida, con foco en soluciones concretas y proyectos relevantes para las comunidades. Esta no es solo una gestión de números, es una gestión con sentido y responsabilidad”.
Contraloría denuncia carencias en tareas de seguridad de municipios
La Contraloría General de la República (CGR) dio este lunes un nuevo paso en sus tareas de fiscalización. En su undécimo Consolidado de Información Circularizada (CIC) identificó que 342 municipalidades del país (90%) no han cumplido con remitir a la Subsecretaría de Prevención del Delito toda la documentación relacionada con sus Planes Comunales de Seguridad Pública y las sesiones del Consejo Comunal de Seguridad Pública entre 2024 y 2025.El nuevo CIC establece que de los 342 municipios, 110 están en categoría de “urgentes”, es decir, tienen un mayor riesgo de vulnerabilidad socio-delictual. Entre ellas, Alto Biobío, Ercilla, General Lagos, Independencia, La Florida, La Pintana, Lonquimay, Puerto Montt, Nueva Imperial, Mulchén, Pucón, Purén, Talagante y Tirúa. En este contexto, se señaló que, a febrero 24 municipios del país tenían sus Planes vencidos y, 40 gobiernos locales no los habían enviado a la Subsecretaría de Prevención del Delito, como lo estipula la norma.
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