Un marcado apoyo a que la Pensión Garantizada Universal (PGU) avance en el Congreso en la medida que estén claros los recursos que sostendrán su pago arrojó la medición que realizó el Panel de Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica.
Ante la afirmación específica de si “el proyecto de Pensión Garantizada Universal debiera aprobarse, aunque no se especifique la fuente precisa de su financiamiento”, el 53% se mostró en desacuerdo y un 27% muy en desacuerdo.
Frente a esto, apenas 13% le dio su apoyo a la consulta y 7% se manifestó neutral.
La consulta realizada por la UC, en alianza con Tele13 Radio y Diario Financiero, recopiló las respuestas de los 30 profesionales del grupo que reúne a economistas y no economistas de distintas sensibilidades políticas.
En una en una escala de uno a cinco puntos, los resultados señalan que en grado de acuerdo promedio los hombres lograron 2,4 y las mujeres 1,8, mientras en grado de seguridad promedio en las respuestas los primero 4 y las segundas 3,9.
Por sensibilidad política, el grado promedio de acuerdo es muy similar con 2,1 para centro izquierda y 2 para centro derecha.
Opiniones similares
Para el académico de la Escuela de Gobierno UC, Rodrigo Valdés, los resultados “reflejan una genuina preocupación del panel de que la PGU no tiene un financiamiento tan claro, creo que el estándar de solo financiarlo con provisiones no es suficiente, es una mayoría muy grande que lo señala”.
El exministro de Hacienda destaca el apoyo mayoritario a la PGU y “pocos tienen una percepción de que el diseño es mejorable o directamente no les gusta, pero a la mayoría no le preocupa tanto el diseño, sino que sea un financiamiento adecuado”.
Además, Valdés subraya que las respuestas ante la consulta “son bien seguras y es de los pocos paneles en que hemos tenido mínimas discrepancias entre las posiciones políticas. Aquí la gente de derecha e izquierda opinan muy similar y están bastante alineados”.
Respecto a la forma en que el gobierno está tramitando la PGU con dos proyectos -uno que crea el beneficio; y otro que fija su financiamiento-, indicó que “es una mala idea en momentos en que, además, se inaugura un gobierno que va a tener muchas presiones de gasto”.
El exministro recordó que “en ocasiones anteriores lo que se ha hecho es buscar primero el financiamiento y después gastar, y algunas veces -como en la reforma educacional en el gobierno anterior-, puede que ese financiamiento haya sido menor ex post de lo que se proponía, pero en general lo que se está haciendo ahora me parece que es un riesgo innecesario”.
Nuevos tributos
En cuanto a la posibilidad de fusionar ambas iniciativas en el Senado, Valdés dijo que “es una posibilidad. La otra, es simplemente condicionar que esto se pague cuando se haya aprobado el financiamiento; pero seguramente en el Senado se analizará con detalle”.
También abordó la indicación aprobada por diputados de oposición que establece un nuevo impuesto al patrimonio para los llamados “súper ricos” para financiar la PGU. “Es una idea que cabe considerar, pero creo que hay otras que están más pensadas y avanzadas en la discusión y son más eficientes como royalty o más exenciones”.
El exministro de Hacienda recordó que no corresponde a los parlamentarios fijar nuevos tributos, porque no tienen esa atribución “es muy mala práctica saltarse la Constitución y, en ese caso, los diputados lo hicieron sin lugar a dudas”, concluyó.
La PGU está pensada para todos los mayores de 65 años que sean parte del 90% más pobre de la población.
Los requisitos para acceder al beneficio son haber cumplido 65 años, no integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población entre 65 o más años de Chile.
En caso de ser extranjero, se debe acreditar residencia por un lapso no inferior a 20 años continuos o discontinuos; y para aquellas personas que cumplan estos requisitos, pero que tengan una pensión base autofinanciada superior a $630 mil y de hasta $ 1 millón, el monto de la PGU disminuirá gradualmente.
La Cámara de Diputados prevé para este lunes votar el proyecto que establece el financiamiento de la PGU.
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AFP
