Si bien muchos actores del mercado están esperando conocer los detalles del proyecto del Sernac, ya se han dado distintas luces de lo que será la discusión del proyecto con el que el Gobierno busca, sobre todo, dar una facultad sancionatoria al Servicio.
El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, descartó dar una opinión acabada sin ver el proyecto mismo, pero sí adelantó que iban a “plantear alternativas” durante su tramitación.
Por ejemplo, uno de los puntos que subrayó fue que les gustaría analizar el gobierno corporativo del Sernac: “Hoy es un servicio unipersonal. Esto también estuvo en la discusión anterior, se puede retomar ese concepto”.
Asimismo, apuntó a que “nos gustaría que el Sernac pudiera avanzar en fiscalizar a esas instituciones del Estado que no le están dando buen servicio al consumidor. El mismo Presidente (Boric) lo decía, las listas de espera, demorarse tanto tiempo para tener una consulta médica la verdad es que nos parece que podría estar en el ámbito de lo que hace el Sernac”.
El presidente de la Cámara Nacional del Comercio (CNC), José Pakomio, valoró que se tomaran los resguardos para la constitucionalidad del proyecto, lo que detuvo el último intento de dar facultad sancionatoria al Sernac en 2018.
No obstante, lamentó “no haber sido considerados desde un inicio en la elaboración de esta propuesta. A nuestro juicio, el diálogo social es una herramienta que no debiera aplicarse solo en materias laborales, sino que en todo ámbito”.
Añadió que para el gremio es importante que se establezcan con claridad los criterios para determinar cuándo amerita el inicio de un procedimiento sancionatorio luego de que la mediación entre consumidores y empresas no llegue a buen puerto.
“Si bien consideramos que es importante contar con un Sernac que funcione de manera eficiente, regule, fiscalice y vele por la protección de los derechos de los consumidores, creemos que este proyecto de ley le otorga facultades que pueden llegar a ser discrecionales y le permite aplicar multas sin un juicio previo”, dijo por su parte Esteban Halcartegaray, presidente de la Asociación de Marcas del Retail.
El presidente ejecutivo de la Asociación de Retail Financiero, Claudio Ortiz, puso otro tema sobre la mesa: “Como primera impresión esperamos que incluya medidas para perseguir el comercio y crédito informal, que son el principal foco de desprotección de los consumidores y, en paralelo, se impulsen iniciativas procrecimiento”.
Una opinión similar entregó Gonzalo Said, segundo vicepresidente de Sofofa, quien agregó que aunque si bien no conocen el detalle de la propuesta "es importante destacar que creemos firmemente en la importancia de atender de manera efectiva y justa a los consumidores, y valoramos los esfuerzos para fortalecer la protección de sus derechos".
Con todo, desde la perspectiva de Said, la principal desprotección que hoy afecta a los ciudadanos "proviene especialmente del comercio informal, un flagelo creciente y completamente desregulado. Junto con esto, nos preocupa el riesgo de que el proyecto ponga al Sernac en un postura de juez y parte, lo que terminará perjudicando tanto al mercado como a los clientes. Esperamos poder contribuir a la discusión una vez que se conozcan más detalles de la iniciativa".
El abogado especialista en derecho del consumidor -y con un pasado en el Sernac-, Jaime Lorenzini, también alerta de los riesgos de que de una “grave interferencia” entre las atribuciones de sancionar y demandar en tribunales.
Pero además, advierte que “existe una apuesta de parte de la autoridad en relación con el malestar y la impaciencia que generarían un número significativo de reclamos que no serían respondidos en forma favorable”. Por eso, plantea que un proceso administrativo sancionador podría tomar un par de años. “Pareciera que no se llegará a una solución expedita en el corto plazo y eso es bueno aclararlo”, arroja el abogado.
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