Faltando cada día menos para el 25 de octubre, siguen definiéndose aspectos centrales sobre cómo se llevará a cabo el plebiscito por una nueva Constitución en medio de la pandemia. Y aunque el consenso apunta a que la votación se debe celebrar, no se puede descartar la posibilidad de que el proceso deba ser pospuesto por motivos sanitarios.
El Panel de Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica (UC) decidió sumarse al debate y, en esta oportunidad, se abordó la afirmación: “Es urgente fijar un criterio objetivo respecto a la situación sanitaria, que establezca las condiciones para realizar o postergar el plebiscito el 25 de octubre”.
La consulta -realizada en alianza con Tele13 Radio y Diario Financiero- reveló un amplio respaldo hacia el planteamiento: el 83% declaró estar “de acuerdo” o “muy de acuerdo” -equivalentes a 30 de los 36 participantes-.
“Creo que es la primera vez que tenemos un panel donde hay tanto acuerdo”, explicó el académico de la Escuela de Gobierno, Eduardo Undurraga, quien agregó que “además hay bastante seguridad”, ya que casi el 80% está “seguro” o “muy seguro” de su opción.
Pese a ser un tema inherentemente político, el apoyo fue transversal. En quienes se declaran de centroderecha, la puntuación fue de 4,4 de un total de 5, frente a la centroizquierda que ponderó 4,1.
Diego Gil, también académico de la Escuela de Gobierno, puntualizó que a lo que se apunta, más allá de la visión política, es a que “el plebiscito no quede sujeto a criterios arbitrarios, y si llega a decidirse postergarlo, que sea basado en un criterio previo (...) Los dos quieren certezas de que el plebiscito se pueda hacer”.
Asimismo, la aprobación del ejercicio tampoco mostró mayores diferencias por género, edad o disciplina (economistas y no economistas).
Derecho a voto
Desde el plano legal, Gil -doctor en ciencias del derecho de la Universidad de Stanford- recordó que el derecho al voto es un derecho fundamental, el cual debe ser garantizado por el Estado a todo ciudadano: adultos mayores, jóvenes, e incluso personas que puedan estar contagiadas. Este, señaló, “no puede ser limitado ni siquiera en el estado de excepción en el cual estamos”.
La legislación establece, explicó, que el plebiscito debe realizarse en la fecha estipulada y que las medidas sanitarias no pueden ser un obstáculo, por lo que el Servicio Electoral (Servel) tiene flexibilidades para implementar la votación. Por eso se habla de extender horario de las mesas electorales, o de diferenciar por edad.
Undurraga, ingeniero experto en salud y doctor en Políticas Sociales en Brandeis University, enfatizó que “hay bastante certeza de que en algún lugar de Chile va a haber situaciones complejas desde el punto de vista sanitario” hacia el día de la votación, ya que el potencial epidémico del virus es muy alto, lo que se ha reflejado en el rápido aumento de los contagios en lugares como Punta Arenas o Biobío, por ejemplo.
“Habría que pensar en mecanismos específicos para asegurar la participación de las personas que están en lugares que son sanitariamente complejos”, dijo, e instó a establecer condiciones de seguridad para vocales de mesa, personas mayores, con enfermedades crónicas o enfermedades respiratorias.
“El Gobierno y el Servel deberían estar ya pensando en un plan muy concreto para lograr el voto en aquellos lugares donde eventualmente el número de contagios podrían estar en aumento, o en una situación delicada”, dijo Gil.
Undurraga, en una línea similar, reforzó que “aquí no se puede improvisar”.
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