Con un nivel de incertidumbre respecto al resultado de la segunda vuelta presidencial que sólo se podría comparar con el balotaje de enero del año 2000 entre el expresidente Ricardo Lagos (PS) y Joaquín Lavín (UDI), el electorado bien podría buscar algún refugio en las encuestas para saber hacia dónde va la brújula política. Sin embargo, este domingo -tal cual ocurrió previo al 21 de noviembre- comenzó a regir la prohibición de difundir estudios de opinión.
Este blackout cada vez resulta más incómodo. Tanto es así, que el 60% del Panel de Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica estuvo de acuerdo o muy de acuerdo con la siguiente afirmación: “Es perjudicial para la democracia que se prohíba la divulgación de encuestas sobre resultados electorales, en los 15 días previos a una elección”.
Esto, en contrapunto con el 29% que se mostró en desacuerdo o muy desacuerdo con la premisa.
La postura mayoritaria resultó ser muy transversal, ya que la medición –realizada con T13 Radio y Diario Financiero- da cuenta de que, en una escala de 1 a 5, los representantes de centroizquierda y centroderecha promediaron 3,3 en grado de acuerdo, pese a que en la centroderecha mostraron un mayor grado de seguridad en su posición (4,1), respecto de la centroizquierda (3,7).
Entre hombres y mujeres, estos últimos se mostraron más convencidos con la proposición (3,5). Asimismo, entre ellos hubo un mayor grado de seguridad en su postura (4,1).
La medición también arrojó que entre los economistas hubo más consenso, ya que el promedio con la premisa marcó 3,5 y entre otras disciplinas 3,1.
Argumentos en contra de la norma
De los resultados, el que más destaca el profesor de la Escuela de Gobierno de la UC, Roberto Méndez, es el que se refiere al consenso transversal respecto de que la aplicación de la normativa que prohíbe la difusión de encuestas perjudica a la democracia.
Méndez destaca que el el 60% de la muestra -32 expertos respondieron la consulta- esté de acuerdo o muy de acuerdo con que la medida no favorece la democracia y, sobre todo, que “la posición promedio es exactamente igual entre la gente más de derecha y más de izquierda. Aquí no hay una diferencia de posición política”, afirma entusiasmado.
Y, a partir de este indicio, quien fuera fundador y presidente de la encuestadora Adimark, manifiesta su esperanza de que “las personas encargadas de legislar sobre esto lo tomen en cuenta esta transversalidad”, insiste.
Además, detalla cuatro argumentos en contra de la normativa, que se desprenden de los resultados del Panel UC. El primero, explica, es que la medida “afecta negativamente a la democracia”; una segunda crítica es que no es eficiente, sino una mala política pública, porque en los hechos no funciona y la información circula de todos modos; un tercer cuestionamiento, muy ligado al anterior, es que se crea un asimetría de información, pues las encuestas se conocen de todos modos, pero en círculos privados.
Un último argumento es que, aun cuando hubiera quienes estimen que debiera haber alguna restricción, el período de 15 días es “exagerado”, ya que dos o tres días antes de la elección “parece suficiente”, señala Méndez.
Y ejemplifica esgrimiendo que la franja política de segunda vuelta se podrá exhibir sólo los doce últimos días de campaña, por lo que los sondeos de opinión pública no alcanzarán a medir su efecto.
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