El ministro de Economía Lucas Palacios dijo hoy lunes que su cartera buscará fortalecer la figura de la delación compensada tras el dictamen de la Corte Suprema que por primera vez revocó dicho beneficio, que había sido otorgado a CMPC, al determinar que ejerció coacción sobre su rival SCA en el caso de colusión por el papel tissue.
"La Corte Suprema generó un dictamen, un dictamen que estamos revisando. Lo que nosotros queremos es que la figura de la delación compensada se fortalezca", dijo el secretario de Estado en el contexto de los cambios normativos que implicará la puesta en marcha de la agenda Antiabuso.
Palacios agregó que están próximos a presentar el proyecto de ley que se requiere para la creación del denunciante anónimo. Explicó que "nos hemos dado un tiempo para que la ley salga fortalecida" para lo cual revisaron los distintos comentarios que hicieron llegar organismos no gubernamentales al Ministerio tras el anuncio de la agenda antiabuso a principios de diciembre.
El ministro señaló que "todos los chilenos queremos perseguir aquellas prácticas que atentan contra la competencia y en contra de los consumidores, por lo que queremos aprovechar esta instancia para tener un mercado más competitivo y orientado al bien común".
Apoyo a la inversión extranjera
Durante una visita a los trabajos de ampliación de la planta de AB InBev, Palacios se refirió además a la inversión extranjera, y aunque reiteró que no tienen registro de que haya sido afectada por la actual coyuntura social, anunció que el Ejecutivo le pondrá suma urgencia al proyecto de ley de Evaluación de Impacto Ambiental con el propósito de "descongelar dicha iniciativa" en su tramitación en el Congreso,
Además, con el propósito de agilizar aún más la inversión extranjera, la Oficina de Gestión de proyectos Sustentables (GPS) trabajará de manera coordinada con la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, repartición que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Otra medida que evalúan es establecer un monto mayor al 50% de depreciación acelerada que establece el proyecto de modernización tributaria, que está en discusión en el Congreso, en una norma transitoria por dos años.
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