La tarde de ayer aterrizó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en el Congreso, dando el puntapié inicial a las tramitaciones legislativas que están contempladas en el plan de emergencia que acordó el Gobierno con parlamentarios de oposición para hacer frente a la crisis sanitaria.
La iniciativa, que modifica el IFE que se implementó en mayo, establece para junio y julio un complemento a los ingresos por hasta $ 100.000 por cada integrante de una familia de hasta cuatro personas, fijando un umbral de $ 400.000 por hogar. En el caso de aquellos compuestos por cinco y hasta diez y más, se fija un rango entre $ 467.000 a $ 759.000.
Esto, independiente de la fuente de ingresos de los trabajadores de cada hogar, que cumpla con los requisitos de elegibilidad.
¿Hasta cuándo durará la cobertura?
Para agosto se fijó la posibilidad de que se rebaje a un 80% del monto total, pero prevé la flexibilidad de que continúe la totalidad del complemento en caso de que la emergencia sanitaria no amaine.
En este contexto, la iniciativa además considera prolongar el apoyo de manera excepcional hasta octubre, a través de la facultad que se explicita para que el Ministerio de Hacienda -mediante un decreto por “Orden del Presidente de la República”- pueda “extender el Ingreso Familiar de Emergencia a un quinto y sexto aporte, fijando el monto del respectivo aporte, el cual no podrá ser superior al 80% del valor establecido para el tercer aporte”.
Para mantener el 100% del monto en agosto como para ampliar hasta octubre, se tomará en consideración la situación del mercado laboral y las realidades regionales asociadas al impacto de la enfermedad Covid- 19. Esto último, supone la flexibilidad de implementarlo por regiones.
De acuerdo con el informe financiero, de darse el escenario hasta el décimo mes el gasto ascendería a unos US$ 2.268 millones, lo que se distancia de los US$ 833 millones contemplados en el IFE original.
El costo estimado por cada mes adicional supone unos US$ 415 millones.
Discrepancias en la cobertura
De acuerdo con estimaciones hechas por el Gobierno, los potenciales beneficiarios serían 2,1 millones de hogares. Un punto que generó discrepancias de entrada en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, que fue la primera parada de la tramitación.
Dentro de los requisitos está que el beneficiario debe pertenecer al 80% más vulnerable de la población según el Indicador Socioeconómico de Emergencia (ISE), diseñado para recalibrar los hogares que están en el Registro Social de Hogares (RSH) del Ministerio de Desarrollo Social y que han reportado pérdidas de sus ingresos durante el paso de la pandemia por Covid-19.
En este contexto, durante la sesión en la citada instancia la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, salió a zanjar la discusión. Explicó que los casi 3,3 millones de hogares que figuran en el 40% más vulnerable del ISE “no es sinónimo que no hayamos llegamos a ellos”, dado que ahí pueden existir casos en los que no cumplen con el umbral definido por hasta $400.000.
No obstante, aquello recordó que uno de los cambios es que mediante una declaración jurada simple es posible justificar la pérdida de ingresos con lo que automáticamente recibiría el complemento.
Otra innovación es que no se necesitará postular para acceder al beneficio. Esto también marca una diferencia sustancial con el IFE vigente.
“Es así como integrarán esta nómina aquellas personas que ya se encuentren percibiendo el beneficio, por haberlo solicitado con anterioridad. Asimismo, se integra a aquellas, que si bien solicitaron el Ingreso Familiar de Emergencia no lo percibieron por no cumplir con los requisitos al momento de dicha solicitud, pero que luego pasan a cumplirlos”, precisa el mensaje presidencial.
Al cierre de esta edición continuaba el debate en la comisión. Para hoy se espera que se revise en la de Hacienda y se espera que sea votado en la Sala, según el acuerdo de los comités.
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