Tras una intensa jornada, que partió a primera hora en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, finalmente fue despachado desde la Sala el proyecto que busca modificar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
Con ello se espera que sea revisado en el Senado, en donde su primera parada será la Comisión de Hacienda.
La iniciativa, que modifica lo que se implementó en mayo, establece para junio y julio un complemento a los ingresos por hasta $ 100.000 por cada integrante de una familia de hasta cuatro personas, fijando a su vez un umbral de $ 400.000 por hogar, para el beneficio. En el caso de aquellos compuestos por cinco y hasta diez y más, se fija un rango entre $ 467.000 y $ 759.000. Esto, independiente de la fuente de ingresos de los trabajadores de cada hogar, que cumpla con los requisitos de elegibilidad.
Para agosto se fija la posibilidad de que se rebaje a 80% del monto total, pero prevé la flexibilidad de que continúe la totalidad del complemento en caso de que la emergencia sanitaria no amaine. Además considera prolongar el apoyo de manera excepcional hasta octubre, fijando el monto “del respectivo aporte, el cual no podrá ser superior al 80% del valor establecido para el tercer aporte”.
Un punto que generó discrepancias de entrada en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, que fue la primera parada de la tramitación, fue la cobertura. La iniciativa establece que para acceder al beneficio se debe estar inscrito en el Registo Social de Hogares (RSH) y estar dentro del 80% de mayor vulnerabilidad del Indicador Socioeconómico de Emergencia (ISE). Este fue diseñado para medir la pérdida de ingresos en el corto plazo.
En esa misma línea, el ministro de Desarrollo Social, Cristián Monckeberg agregó que dentro de sus objetivos el IFE considera focalizar este apoyo en quienes más lo necesitan, por lo que la ley inicial del proyecto consideró
“Este Indicador Socioeconómico de Emergencia mide lo que hoy están viviendo las familias. Hay familias que quizás en diciembre o enero tenían ingresos, pero ahora ya no los tienen y eso es lo que buscamos capturar con este indicador”, explicó Monckeberg, durante el debate en la Sala.
Además aclaró que el diseño de este indicador, que si bien se basa en el Registro Social de Hogares (RSH), es distinto a la tradicional Calificación Socioeconómica (CSE) que mide la vulnerabilidad en el mediano plazo.
A ello, la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, agregó que la tradicional CSE “recoge la información de ingresos de los últimos 12 meses del hogar, entonces el cálculo de la CSE no nos permitiría capturar la abrupta baja de ingresos que han registrado miles de familias durante esta crisis”.
En este contexto, el Subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal, señaló que “de las nuevas solicitudes, más de 200 mil corresponden a hogares en que ninguno de sus integrantes estaba registrado hasta el año pasado” en el RSH.
De acuerdo con estimaciones del Gobierno, los potenciales beneficiarios serían 2,1 millones de hogares.
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