La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó este martes su informe "Perspectiva de Integridad y Anticorrupción", que describe el desempeño actual de las políticas y prácticas de integridad y anticorrupción de los países e identifica vías de mejora.
De acuerdo a los resultados, los marcos anticorrupción y de integridad están mejorando a nivel del bloque, aunque precisan que es necesario priorizar su implementación, con enfoque en la recopilación de datos y teniendo en cuenta los riesgos emergentes.
Así, el reporte señala que desde 2020 muchos países desarrollaron por primera vez una estrategia anticorrupción, y hoy el 71% de las naciones ya cuentan con una. No obstante, solo el 40% monitorea si se implementan las actividades planificadas y el 76% no rastrea qué trabajos asumen los altos funcionarios al dejar el cargo público, lo que potencialmente los expone a conflictos de intereses.
En promedio, los países OCDE cumplen en promedio el 45% de los criterios en la regulación de estrategia anticorrupción; el 67% en gestión y auditoría del riesgo de corrupción; 38% en lobby; 76% en conflicto de interés; 73% en financiamiento de la política y 67% en transparencia de información pública.
“Ningún país es inmune al riesgo de corrupción y los consiguientes impactos adversos. Los marcos de integridad y anticorrupción de los países de la OCDE se están volviendo más completos y sofisticados, pero sigue habiendo una gran brecha de implementación y de datos”, dijo el secretario general del organismo, Mathias Cormann.
Agregó que es “cada vez más importante” fortalecer la implementación y ampliar el alcance de los marcos de integridad a medida que los gobiernos enfrentan riesgos adicionales de corrupción debido a la transición verde y la carrera para asegurar minerales críticos, el aumento de la inteligencia artificial (IA) y la creciente interferencia extranjera.
El caso de Chile
En nuestro país, el informe destaca la adopción de la Estrategia Nacional de Integridad Pública en diciembre del año pasado, ya que “tiene un desempeño superior entre el marco estratégico de los países de la OCDE sobre anticorrupción e integridad pública”.
De esta manera, el organismo señala que la mayor fortaleza de Chile está en las regulaciones por financiamiento político, conflicto de interés y lobby, aunque queda por mejorar la implementación del financiamiento político, transparencia de la información pública e integridad post-empleo.
De los seis indicadores que mide el informe, el país supera en todos al promedio OCDE, aunque baja su calificación en cuanto a la implementación de las regulaciones, es decir, en la práctica.
En cuanto a estrategia anticorrupción, cumple con el 87% los criterios y está por encima del promedio de 45% de la OCDE; sin embargo, se queda atrás en cuanto a implementación, cumpliendo con el 53%.
Mientras que en gestión y auditoría del riesgo de corrupción alcanzó el 76% en regulación y 49% en implementación, ambos por encima del promedio del organismo. En lobby es 50% en regulación, pero aumenta a 89% en implementación; y en cuanto a conflicto de interés califica con 89% en regulación y 67% en la práctica.
En tanto, para el financiamiento de la política, se alcanza el 90% de los criterios en regulación, aunque solo el 57% de su implementación. En el indicador de transparencia de la información pública, se cumplió con el 78% de los criterios de regulación, pero baja a 65% en cuanto a su puesta en marcha.
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