Es evidente que -de acuerdo a la Casen 2020- la evolución de la tasa de pobreza y el índice de desigualdad sufrieron lamentables retrocesos durante el gobierno del Presidente de la República, Sebastián Piñera. La tasa de pobreza subió a 10,8%, lo que nos hace retroceder casi cinco años y la pobreza extrema prácticamente se duplicó en los últimos tres años, mientras la distribución del ingreso también se empeoró.
La mayor explicación está en el importante efecto de la pandemia en la disminución en el empleo y la caída en la participación de los ingresos provenientes del trabajo, particularmente en el quintil de más bajos ingresos, aunque también en los segmentos que constituyen la clase media del país.
Ignacio Irarrázaval, Centro de Políticas Públicas UC. Foto: Archivo
Sin embargo, este cuadro debe mirarse teniendo en cuenta que esta inédita crisis sanitaria produjo efectos en todo el mundo. De acuerdo con información de la CEPAL, Latinoamérica sufrió una disminución de 7,6% del PIB per cápita promedio, caídas en la ocupación y en los ingresos de las personas. En ese contexto, los efectos para Chile fueron mucho menores que en el resto de los países de la región. Argentina, Colombia, Costa Rica y Ecuador, partieron de niveles de pobreza de casi el doble que el de Chile, y además tuvieron incrementos en estos indicadores entre tres y cinco veces más que nuestro país.
¿Por qué Chile tuvo desempeño muy superior al resto del continente? De acuerdo con el Banco Central, Chile fue el que más invirtió en transferencias monetarias, entre nueve países latinoamericanos y EEUU, por una mayor extensión de tiempo (18 meses) y alcanzando a una cobertura de un 38% de la población. De no haber mediado estas ayudas, la extrema pobreza se habría casi triplicado en Chile.
¿Entonces, qué lecciones podemos aprender? El gobierno tuvo la capacidad de formular políticas para afrontar la crisis: el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), IFE Laboral, Ley de Protección del Empleo, Bonos, entrega de Canastas Junaeb y otros, fueron iniciativas eficientes, las que si bien fueron criticadas por su demora inicial, en el contexto internacional, estas ayudas no fueron más tardías que en otros países.
Se ratificó la necesidad de tener buenos instrumentos de identificación y focalización de necesidades. El Registro Social de Hogares se vio totalmente superado en su capacidad de respuesta, por lo que vale la pena anticiparse e invertir en este tipo de instrumentos para futuras catástrofes.
Por último, queda revisar la permanencia o no de algunos programas que pueden haber sido muy eficientes para la crisis, pero pueden producir incentivos a la informalidad laboral. Aquí se ha avanzado en un importante trabajo conjunto entre los ministerios de Hacienda y Desarrollo Social para monitorear y evaluar los programas y políticas sociales.
En suma, si bien el desempeño de esta administración en cuanto a los indicadores sociales más reconocidos no fue el mejor, hay situaciones que más que explican esos retrocesos. La tarea de monitoreo y evaluación de programas sociales es un paso muy relevante que debe continuar, pues más allá de los énfasis estratégicos que se quieran dar a la política social, esta debe evaluarse en base a eficacia y equidad.
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