Un proyecto para perfeccionar las normas sobre probidad administrativa y prevención de conflictos de interés en el ejercicio de la función pública, presentó un grupo transversal de diputados, encabezados por el representante de Renovación Nacional (RN) Leonidas Romero.
La iniciativa, que modifica el artículo 56 de la Ley 18.575 sobre bases Generales de la Administración del Estado, pretende corregir un vacío de esta norma que "no regula la participación del funcionario público en sociedades de profesionales, en la que uno o más de sus socios asumen la representación de terceros en acciones civiles contra el Estado", explica el parlamentario.
La moción establece que "sin perjuicio de las inhabilidades especiales que establezca la ley, no podrán ingresar a cargos en la Administración del Estado quienes hayan ejercido cargos directivos, en forma personal o a través de una persona jurídica relacionada, en una empresa de cualquier naturaleza que litigue o asesore en litigios contra el Estado de Chile, o que contrate habitualmente o sea regulada o fiscalizada por el Estado o sus organismos, salvo que medie un espacio de tiempo de más de doce meses entre uno y otro cargo".
Y añade que "la misma prohibición se aplicará a quienes, en forma personal o a través de una persona jurídica relacionada, hayan obtenido alguna remuneración u honorario de una empresa que reúna esas características, salvo que medie un lapso de más de doce meses entre la fecha en que se haya devengado el beneficio económico que genera esta incompatibilidad y la de la asunción del cargo".
La necesidad de presentar un proyecto que subsane el vacío en la actual norma legal surgió luego que el propio Romero solicitara un pronunciamiento a la Contraloría, en enero de este año, donde pedía que se determinara la legalidad y posibles faltas a la probidad por el actuar de Loreto Silva, presidenta del directorio de ENAP, quien además es socia del estudio jurídico Asesorías Bofill Escobar Limitada, que fue contratado por Hyundai Engineering & Construction, para demandar al Estado de Chile por el caso del Puente Chacao.
Romero asegura que el citado vacío en la ley "permitió que si bien, Loreto Silva, presidenta del directorio de ENAP, incumpliera la Ley de Probidad al estar vinculada a la sociedad Asesorías Bofill Escobar Limitada a través de Asesorías MLSR SpA, no haya podido ser sancionada".
El diputado defiende su propuesta, señalando que existe "una urgente necesidad de enmendar y zanjar este tema. No es posible que los mismos funcionarios del Estado incumplan y eludan la ley. Buscaron la forma y lo lograron a través de estas ´sociedades´ por lo que se debe incluir esta figura en el artículo 56 para parar en algo la corrupción y el aprovechamiento que muchos hacen de los dineros que pertenecen a todos los chilenos".
La moción es apoyada también por el DC Gabriel Ascencio, el PS Juan Luis Castro y los RN Mario Desbordes y Bernardo Berger.
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