Un proyecto de ley que modifica la actual normativa 19.496, que establece normas de protección de los derechos de los consumidores, con el fin de proteger a quienes realicen compras a través de medios online presentará este lunes el jefe de la bancada de diputados del PPD Raúl Soto, quien propone, entre otras medidas, garantizar el derecho a retracto por la misma vía y sin gestiones dilatorias.
La iniciativa se origina, según explicó su autor, en el hecho de que "desde el 1 de enero hasta el 15 de mayo de este año, Sernac ha registrado 25.223 casos de problemas de ejecución en el incumplimiento, o cumplimiento imperfecto, del servicio de despacho a domicilio, lo que representa un 72,5 % del total de casos del año 2019 (34.753 casos), mientras que el ámbito de derechos de garantía legal, referentes a los cambios, reparación o devolución de productos, en el mismo período se han registrado 3,752 casos, un 34,75% del total del año 2019".
Por lo que la moción establece "regular los contratos celebrados por medios electrónicos que incorporen el servicio de despacho a domicilio", estableciendo obligaciones y derechos tales como que "La empresa proveedora deberá informar al consumidor, antes de la celebración del contrato, el día exacto de entrega, o un lapso de tiempo para ello, el que no podrá ser mayor a 3 días hábiles" y que "entre la celebración del contrato y la entrega del producto no podrán pasar más de 10 días hábiles, en los casos en que la dirección de entrega encuentre en la misma región que el centro de despacho. En los casos restantes, el plazo máximo de entrega será de 20 días hábiles".
Así mismo, la propuesta establece que "en caso de retraso en la entrega del producto, el consumidor podrá ejercer el derecho de retracto desde el primer día de mora hasta los diez días siguientes a su recepción" y se deberá "garantizar el ejercicio de los derechos de los consumidores de cambio, reparación o devolución".
Mientras que en los casos en que el contrato incluya el servicio de entrega del producto a una dirección determinada, y cuando la empresa, por cualquier razón, no mantenga abierto al menos un local en la comuna a la que fue despachado el producto, "tendrá la obligación de tomar todas las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de tales derechos, sin perjuicio alguno para el consumidor. Con ello, el ejercicio de los derechos de cambio, reparación o devolución no estará sujeto a la eventualidad de reapertura de sus locales".
Mira aquí el proyecto completo.
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