En dos semanas más, la actual subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, María José Abud, y la recientemente designada en el Gabinete de Gabriel Boric, Luz Vidal, tendrán su primera reunión previa al traspaso oficial de la repartición que ocurrirá el 11 de marzo.
Reactivación económica y tolerancia cero a la violencia son los ejes de la agenda que recibirá Vidal con un cronograma legislativo centrado en lo que ya está en el Congreso: ley corta de sala cuna universal, violencia integral y sociedad conyugal.
“En materia de reactivación económica me atrevería a decir que la deuda más urgente es la ley de sala cuna”, dice Abud, por estos días ministra subrogante.
En un contexto en que la pérdida de empleo en las mujeres implicó un retroceso de 10 años en la participación laboral, sacar adelante una modificación al Código del Trabajo en lo referente a la obligatoriedad de asegurar el servicio de sala cuna para las madres trabajadoras, será, a su juicio, una prioridad.
A fines de diciembre, el Gobierno presentó una ley corta que otorga el beneficio a trabajadoras dependientes, independientes y de casa particular -que tengan hijos menores de dos años- y a cualquier trabajador que tenga la tutela de ellos por sentencia judicial.
“Este no es un proyecto de educación”, señala. Aclara que es uno que se hace cargo de “la principal causa de por qué las mujeres salen hoy de la fuerza laboral, que es por el cuidado de otras personas”.
Otra arista en la reactivación económica es la coordinación que lidera la repartición con el sector privado para empujar cambios culturales. Destaca las que realiza con la minería y la construcción, que son rubros masculinizados.
En la minería se fijó la meta de elevar a 30% la participación femenina en la dotación de las empresas para 2025 y a 25% en los altos cargos.
Además, se fomenta que las compañías se sumen a la Iniciativa de Paridad de Género (IPG), entre otras acciones.
Autonomía económica y violencia de género
Tolerancia cero a la violencia contra la mujer es el otro eje prioritario que se le presentará a Vidal, dentro de los temas que la actual administración cree que se debe dar continuidad.
En lo legal tendrá que presidir la Comisión de proposiciones técnicas para el seguimiento y evaluación de los casos de violencia intrafamiliar y actualizar la pauta unificada de evaluación de riesgos que contempla la Ley Monitoreo Telemático promulgada en septiembre del año pasado.
A eso se suma avanzar en la discusión del proyecto de ley de violencia integral que está en el Congreso desde el período de Bachelet.
“Necesitamos modernizar lo que entendemos por violencia y no puede quedar solo establecido en violencia intrafamiliar”, señala.
A ello agregará la iniciativa que presentarán los primeros días de marzo que otorgaría la facultad a la Subsecretaría de la Mujer para administrar el registro único de Mujeres víctimas de violencia.
Una de cada cinco mujeres sufre violencia en su vida, comenta Abud, y explica que es una realidad ligada a la autonomía económica: “Una mujer que no tiene ingresos propios probablemente va a tener mayor probabilidad de sufrir violencia y, a su vez, una mujer que es víctima de violencia si no cuenta con ingresos propios es muy difícil salir de ese circulo”.
En el balance, comenta que entre 2018 y 2022, el presupuesto total enfocado a los programas para mujeres víctimas de violencia del Sernameg aumentó en 44% con los $ 20.545,3 millones aprobados para el presente ejercicio.
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