Aunque por ahora son casos distintos, la mañana de ayer los actores de mayor experiencia del mercado tuvieron un déjà vu al comparar la eventual actuación de un funcionario del INE en la manipulación del IPC -para favorecer a un tercero-, con la información sustraída al Banco Central obtenida por ejecutivos del exgrupo financiero Inverlink.
Y si bien las dimensiones de ambos casos por ahora no son comparables, el fantasma del caso Inverlink fue recordado ayer por actores de la industria.
En el verano del año 2003 la temperatura subió al máximo una vez que se destapó uno de los mayores escándalos de la industria financiera. Inverlink, uno de los incipientes grupos financieros de la época, con posiciones en la industria de AFP, fondos mutuos y corredora de bolsa, entre varios negocios, había obtenido información privilegiada a través de Pamela Andrada, quien era la secretaria del presidente del Banco Central, Carlos Massad.
Andrada había entregado sostenidamente información reservada sobre política monetaria e inflación al gerente general de la corredora de bolsa Inverlink, Enzo Bertinelli, con quien tenía una relación sentimental.
Así, el holding financiero había tomado ventajosas posiciones financieras, siempre, “anticipándose” al mercado.
El caso Inverlink no sólo se circunscribió al ámbito financiero, sino que salpicó con fuerza al gobierno que en ese entonces era presidido por Ricardo Lagos Escobar.
El hilo conductor con el gobierno -además de las fallas de control regulatorio del grupo Inverlink- tenían relación con el fraude por más de US$100 millones que afectó a la Corfo, donde su tesorero Javier Moya estaba coludido con el holding financiero.
Finalmente, recién en 2014, la Justicia condenó a los involucrados restituir $ 26.000 millones al Fisco.
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