El Catastro Nacional de Campamentos 2022-2023 de la fundación Techo-Chile reveló que actualmente existen 1.290 de este tipo de organizaciones a lo largo del país, lo cual implica un aumento del 31,1% respecto al período 2020-2021. La cantidad informada involucra a un total de 113.887 familias, es decir, 39,5% más que en la medición anterior.
Techo detalla en su informe que el alza ha sido sostenida durante la última década, pero se observa una aceleración de las cifras a contar de 2019. Si se compara lo observado dicho año con 2022-23, el salto llega a 142%.
“Si bien este incremento puede estar asociado en parte a los efectos económicos de la crisis social y la posterior pandemia, debemos considerarlo como un síntoma de una profunda crisis en el acceso a la vivienda”, declararon desde la fundación.
A nivel de regiones, Aysén presenta el aumento porcentual más significativo con un 353,79% respecto al período anterior, seguida por Arica y Parinacota con 301,79%.
En cuanto al tamaño de los campamentos a lo largo del territorio, el promedio nacional de familias subió de 84,3 a 88,3 entre 2020-2021 y 2022-2023, donde la mayor incidencia se registra en Arica y Parinacota con 264,5 familias por campamento, en Tarapacá con 193,1, y la Región Metropolitana con 121,9.
En relación con los principales motivos que gatillan a las familias a vivir en ese tipo de lugares, un 74,8% lo explica por el alto costo de los arriendos, 73,6% para dejar de ser allegados, 72,5% por bajos ingresos, y un 52,9% debido a la falta de empleo y/o cesantía.
Por otra parte, las familias inmigrantes en campamentos ascienden a 39.567 (14.603 más que en 2020-2021), que corresponde al 34,7% del total nacional.
Respecto al porcentaje de familias inmigrantes en regiones que habitan los campamentos, Antofagasta presenta la mayor cifra con un 72,9%, seguida de la Región Metropolitana con 59% y Magallanes con 55,8%.
Desafíos para públicos y privados
Ante este incremento histórico, la directora del Centro de Estudios (CES) de Techo-Chile, Pía Palacios, señaló que estos asentamientos “son cada vez más heterogéneos en el país y cada vez más grandes, lo que supone múltiples desafíos, tanto en materialidad de la vivienda, en infraestructura deficiente, y en la insuficiencia de acceso a servicios y equipamientos que proveen las ciudades”.
Palacios también recalcó que es responsabilidad que las instituciones públicas y privadas tienen “una gran responsabilidad respecto a lo que ocurre”, y que se debe velar por el acceso a un techo, pero este no puede estar aislado de la ciudad.
“Se debe garantizar la vivienda adecuada, la cual no puede ser comprendida sin la construcción y el acceso a la ciudad desde una escala humana”, agregó la directora del CES.
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