Desde la semana pasada el pleno del Tribunal Constitucional comenzó a analizar la presentación realizada por el abogado constitucionalista Patricio Zapata, la cual impugna el artículo que pone fin a la figura de notarios y conservadores vitalicios. Estos, por ende, deberán cesar en funciones por tener más de 75 años, según el proyecto de ley que modifica el sistema de nombramientos de estos auxiliares de justicia.
El profesional representa a los notarios de Iquique Néstor Araya, de 76 años, y al de Pozo Almonte Enso González, de 79 años, quienes recurrieron a él para que mediante un informe en derecho impugnara la norma -que ahora cumple su control de constitucionalidad- acusando una discriminación arbitraria.
Se trata de dos de un grupo de 96 notarios y conservadores que hoy ejercen funciones con más de 75 años. Esto, debido a que el Congreso hizo una excepción hace tres décadas cuando aprobó la Ley 19.390, que fijó los 75 años como límite para ejercer funciones.
“Algunos utilizan un lenguaje muy complejo para dirigirse a ellos. Se habla de los inmortales como si se tratara de personas que debieron haberse muerto. Yo no sé cuál es la idea de hablar de inmortales”.
Discriminación forzada
Si bien Zapata valora la reforma, porque implica una importante modernización, simplificar trámites y avanzar hacia precios más bajos, su informe ante el TC cuestiona la exclusión anticipada y exclusiva por edad de estos funcionarios.
A su parecer, ello constituye “una discriminación arbitraria, que vulnera derechos constitucionales de acceso a la función pública, igualdad y no discriminación forzada”.
Sobre este punto, reconoce que se convenció de que el Congreso cometió un acto dirigido en contra de un grupo muy específico usando la edad como un estereotipo, es decir, “la edad se usa como sinónimo de incompetencia, de incapacidad, de falta de motivación y más encima, no existiendo en la Constitución esta regla”.
Patricio Zapata, abogado constitucionalista. Foto: Rodolfo Jara
La diferencia con los jueces que cesan a los 75 años, advierte, es que la propia Constitución puso este tope. Lo mismo con la Contraloría General de la República y con los ministros del Tribunal Constitucional.
Zapata argumenta que “incluso algunos utilizan un lenguaje muy complejo para dirigirse a ellos. Se habla de los inmortales como si se tratara de personas que debieron haberse muerto. Yo no sé cuál es la idea de hablar de inmortales o que ya cumplieron su fin”.
Bajo su análisis, lo que debiera preocupar es que haya salud compatible. “Uno lo que debe garantizar es que los notarios y los conservadores sean personas que estén en buenas condiciones físicas, en buenas condiciones mentales. Bueno, el proyecto viene con una norma que va a permitir remover a los conservadores y notarios que no tengan salud compatible”, dice.
En cambio, el abogado aclara que el proyecto sí contempla un artículo ad hoc que le permitirá a la Corte de Apelaciones prescindir a los notarios que ya no están en condiciones de trabajar, sea que tengan 80 años o 45 años. “La edad efectivamente va produciendo un desgaste, eso no se puede negar. Sería absurdo (...) pero las enfermedades mentales y los problemas mentales a veces aparecen bastante antes”, argumenta.
“En el caso de los profesores universitarios, es insólito que no se esté considerando la experiencia”
Zapata pone en la mesa otro proyecto aprobado recientemente por el Congreso, el cual implica cesar de funciones a personas de 75 años. Se refiere a la ley del reajuste de remuneraciones del sector público, que incluyó un artículo que obligará a todos los funcionarios del Estado de esa edad a dejar sus labores en enero de 2027.
Esta norma incluye a los profesores de universidades estatales, dimensión desde la cual ha habido críticas a lo legislado.
“Me parece que en el caso de los profesores universitarios, es insólito que no se esté considerando la experiencia en la situación de numerosísimos profesores muy destacados que hacen clases a los alumnos que los eligen o prefieren, incluso piden que este profesor dirija su tesis en universidades estatales”, reclama el abogado.
En este contexto, sostiene que lo visto es lo que la Real Academia llama edadismo: discriminar en razón de la edad, situación que califica como insólita en una sociedad como la chilena, que busca proporcionar a sus habitantes la posibilidad de vidas más largas y mejores de la que tenían hace 100 años. “Sin embargo, vienen estos proyectos de ley que nos dicen: mire usted a cierta edad puede ser desechado, ya no puede hacer una contribución. Hay una confusión entre el derecho a jubilar y el derecho que alguien tiene después de haber trabajado 40, 45 años a un descanso o seguir en funciones”, expone.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Rodolfo Carrasco
