Finalmente, el miércoles pasado se constituyó la Comisión de Hacienda del Senado. Tuvo que hacerlo debido a la urgencia que suponía la necesidad de tramitar el proyecto que modifica el Mepco.
Tal como se había adelantado, el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, se quedó con la presidencia de la instancia, en virtud del acuerdo alcanzado entre el oficialismo más la DC y la UDI y Evópoli.
La novedad que tiene para este año la codiciada comisión es que la derecha es mayoría, lo que le impone al gobierno un mayor esfuerzo de diálogo y entendimiento. Y el primer desafío está próximo, ya que se espera que la propuesta de incremento al salario mínimo ingrese en abril. Luego le seguirá la reforma tributaria, sin la cual el Ejecutivo no podría materializar sus más importantes compromisos; y hacia fines de año, la reforma de pensiones: el gran talón de Aquiles de los dos últimos gobiernos.
Los integrantes de la comisión –si es que no se avanza en un acuerdo para modificar el reglamento del Senado que aumente los miembros de estas instancias a siete, cosa que según algunos senadores estaría descartada- son por la oposición el ya mencionado Coloma (UDI), además de José García (RN) e ingresa Felipe Kast (Evópoli); y desde el oficialismo continúa Ricardo Lagos Weber (PPD) y se incorpora, por primera vez desde el regreso a la democracia en el Senado, un representante comunista, en este caso Daniel Núñez.
El rayado de cancha
De partida, en la instancia entienden que es necesario conocer exactamente los recursos con que cuenta el Fisco, si las holguras que habría dejado el gobierno anterior son tales, y la estimación de inflación y crecimiento, entre otros parámetros, para avanzar en las distintas reformas.
En este sentido, es imprescindible, comenta Coloma, tratar de llegar a partir de estas cifras a un diagnóstico similar sobre el estado de la Nación, para avanzar en consonancia. Por ello es que se fijó una reunión con el ministro de Hacienda Mario Marcel para la primera semana de abril, con las cifras del último Informe de Política Monetaria (IPoM) que presente el Banco Central la próxima semana.
La otra consideración que también comparten es que el gobierno debe avanzar desde ya en un trabajo prelegislativo. Aun cuando, según le explicó Marcel a la comisión, de aquí a junio se realizará una suerte de “diálogos sociales”, a nivel de macrozonas, para abrir el debate tributario a la participación ciudadana. Una iniciativa que no termina de convencer ni siquiera a todo el oficialismo y que constituye todo un reto para el gobierno, en el contexto de qué hacer con los insumos de esos encuentros.
Otro consenso que se pueden advertir al interior de la comisión es la necesidad de avanzar con gradualidad en la implementación de los cambios para no afectar una ya deteriorada economía. Y, que en paralelo, se asume que el Ejecutivo tiene que buscar fórmulas para promover la inversión y generar más empleo, entre otros aspectos.
Por lo mismo es que sobre salario mínimo –donde ninguno de los cinco se arriesga a anticipar una cifra-, Lagos Weber parafrasea al propio Presidente Gabriel Boric al sostener que se deben dar “pasos cortos, pero firmes”.
Mientras que Núñez adelanta que desde su sector “nos vamos a jugar porque el alza del salario mínimo sea importante, como lo han planteado el propio ministro de Hacienda y el Presidente de la República”.
Y también ponen sobre la mesa que el debate acerca del salario mínimo, reforma tributaria y de pensiones, entre otros temas de la agenda social del gobierno, no se puede aislar de la información que va saliendo de la Convención Constitucional (CC), que –a juicio de la oposición- “es bien inquietante, desde el punto de vista del desarrollo del país, particularmente en materia de fomento productivo, estatización de empresas, derecho de propiedad, entre otros, pues según García “son demasiadas las incertidumbres” que generan.
Siguiendo esta línea argumentativa, Lagos Weber plantea que habría sido deseable “un tranco más apurado” en la reforma de pensiones, “siendo un tema tan acuciante, que gatilló el estallido social, más que la nueva Constitución”, aunque no descarta que los plazos establecidos por el gobierno tengan que ver con la necesidad de “esperar el resultado de la Convención para diseñar un nuevo sistema de seguridad social”.
Mientras que el presidente de la comisión advierte que “será clave para el debate de las pensiones, y hay que despejar, es qué va a pasar con el quinto retiro”, preocupación compartida por la mayoría de los integrantes de la instancia, que no están de acuerdo con este tipo de iniciativas. Ante esto, Coloma advierte que “más importante que definir plazos para la reforma de pensiones, es definir las votaciones en materia de retiros” y cómo maneja el Ejecutivo este tema.
Otra mirada compartida en la comisión es que la reforma tributaria debe basarse en un acuerdo de largo plazo y, según Kast, necesariamente “tiene que incluir un mejor gasto de parte del Estado. No puede ser solamente que se necesiten más recursos, la pregunta es que va a hacer el Estado para utilizar mejor los recursos que ya tiene”, postura compartida por sus pares del sector.
Y Núñez advierte que “una reforma tributaria que recaude, le dé financiamiento al Estado para cumplir con las demandas sociales de la ciudadanía, genera estabilidad”.
Aterrizando las prioridades del
debate: el foco de los parlamentarios
Aunque en general los senadores de la comisión se resisten a mostrar sus cartas de cara al debate, sí plantean algunas de las prioridades que creen que se deberían considerar en el marco de los proyectos de ley referidos a salario mínimo y reforma tributaria y de pensiones.
En este sentido, más allá de las diferencias entre los senadores, todos plantean que en el marco del salario mínimo habría que buscar una fórmula, un subsidio o bono, para apoyar a las pymes que no están en condiciones de hacer frente a un aumento considerable de los salarios.
En materia de reforma tributaria, la situación es más compleja, porque habiendo acuerdo en que debe tener vocación de largo plazo, el senador Núñez sostiene que el combate a la elusión y evasión fiscal, el impuesto a los "súper ricos" y el royalty minero deben sus puntales. Y si bien existe consenso en el primer punto, el segundo ni siquiera tiene el respaldo de Lagos Weber, ya que aunque él estima que puede haber "un espacio para gravar grandes patrimonios", adelanta tener "severas dudas de que el que se ha planteado sea el más adecuado".
Y mientras este último plantea que aún hay espacio para avanzar en materia de exenciones, -si existe voluntad política para ello-, Coloma anticipa que "ya se hizo un esfuerzo grande a un costo alto para muchos de los que estábamos involucrados", aunque está dispuesto a discutir el tema al igual que García, aunque el sector se cierra de plano a un alza del impuesto corporativo.
Sin embargo, existe un consenso generalizado a estudiar los impuestos verdes, a lo que Lagos Weber agrega los gravámenes territoriales, profundizar exenciones y medidas de corto plazo para reducir la evasión y la elusión. Aspira, dice, a un sistema en el que los impuestos indirectos disminuyan su participación en el total de la recaudación fiscal.
Y, materia de pensiones, Kast reflota su propuesta de "ahorro previsional desde el consumo", destinando tres puntos del IVA a la cuenta de ahorro individual de los trabajadores.
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