Un primer asalto -en términos pugilísticos- sostendrán este martes el Gobierno y los más de 40 diputados oficialistas que presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para que declare contrarios a la Carta Magna una serie de artículos de uno de los proyectos estrella de la agenda económica de La Moneda: la nueva Ley de Permisos Sectoriales para Inversión.
Esto, ya que a partir de las 9:30 horas, el Pleno del TC revisará la admisibilidad del escrito presentado a inicios de julio, lo que generó una profunda molestia en el Ejecutivo debido a que retrasaría la promulgación de una de las leyes más anticipadas por el sector privado.
En caso de que se declare inadmisible, se abre la posibilidad a que continúe con el control normal de legalidad de parte del TC. En caso contrario, se abrirá el espacio de audiencias para que las partes o terceros intervengan.
En lugar de alegar jurídicamente, “los requirentes manifiestan su disconformidad con el modelo regulatorio aprobado por el Congreso”, señala el documento presentado por La Moneda.
Este lunes, el Ejecutivo entregó sus primeros argumentos jurídicos. A través de un “téngase presente” de 25 páginas, el Presidente Gabriel Boric y el ministro de Economía, Nicolás Grau, dieron una serie de razones de derecho para pedirle al tribunal desechar el requerimiento de los diputados.
Firmado por la jefa de la División Jurídica del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Francisca Moya, el texto plantea que el requerimiento “no cumple” con los requisitos para declararse admisible, de acuerdo a lo que señala la Constitución y la Ley Orgánica que rige al TC.
Un primer punto es que durante la tramitación del proyecto no se suscitó de parte de los firmantes la cuestión de constitucionalidad, además de que los requirentes “confunden” la identificación de una cuestión constitucional, ya que no alegan –dice el escrito del Gobierno- la inconstitucionalidad del texto aprobado, “sino que manifiestan su disconformidad con el modelo regulatorio aprobado en el Congreso Nacional”.
El tercer grupo de argumentos es que el recurso de los diputados expone hechos y fundamentos de derecho “de forma imprecisa e inexacta”.
Los errores
En cuanto a la cuestión de constitucionalidad, el documento señala que aquello se levanta cuando se le hace una pregunta concreta al TC para que resuelva la controversia sobre la constitucionalidad de determinadas materias, señalando que el escrito de los diputados “no satisface el estándar exigido” en la materia, como por ejemplo haberse suscitado la cuestión constitucional durante la discusión parlamentaria; y haber realizado la respectiva reserva de constitucionalidad, lo que el Ejecutivo dice que no hicieron los firmantes del requerimiento.
Luego, el texto señala que el escrito de los diputados “no formula una cuestión de constitucionalidad ni contiene una exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho”, ya que en lugar de alegar jurídicamente, “los requirentes manifiestan su disconformidad con el modelo regulatorio aprobado por el Congreso”; además de que aluden a “afirmaciones incorrectas sobre los efectos del proyecto de ley que desatienden a la literalidad de su texto; y que el requerimiento contiene argumentos fundados en una “futura e hipotética ilegalidad de la aplicación de las normas que impugna”.
“Los requirentes pretenden reabrir el debate legislativo, construyendo un conflicto constitucional inexistente”, es otro de los pasajes destacado del reporte, además de advertir “imprecisiones” en las referencias jurisprudenciales: “Resulta imposible verificar las fuentes bibliográficas citadas”, argumentó Moya.
Grau aborda la disputa entre el SII y la Dedecon y destaca la necesidad de contrapesos
El ministro dijo que no debiera haber una dicotomía entre la mayor recaudación y el respeto a los derechos de los contribuyentes.
El ministro de Economía, Nicolás Grau, fue la primera autoridad del Ejecutivo en referirse a la disputa abierta entre el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Defensoría Nacional del Contribuyente (Dedecon).
En entrevista con Diario Financiero el pasado jueves, el defensor del Contribuyente, Ricardo Pizarro, arremetió contra lo que considera son excesos del SII a la hora de fiscalizar a contribuyentes, los que en muchos casos están pasando a llevar sus derechos. “No corresponde que el contribuyente tenga que demostrar que actúa de buena fe. Es al revés. El contribuyente actúa de buena fe y el servicio utiliza todas sus herramientas necesarias para aclarar, bloquear y llevar a la justicia, si es necesario, si alguien busca defraudar al Fisco (...) Estamos viendo que, en algunos casos, se está pasando por encima de algunos derechos de los contribuyentes”, dijo.
En conversación con Radio Infinita este lunes, Grau destacó la labor de Dedecon como órgano que genera contrapesos en la relación del contribuyente con el SII. “Es positivo que en el Estado existan instituciones que expresen balance adecuado respecto a intereses de la ciudadanía”, sostuvo. “Es importante que en el Estado puedan existir contrapesos respecto a ambos, porque ambos son valiosos. Es valioso que se cobren bien los impuestos, y es valioso también que aquello se haga respetando los derechos de los contribuyentes”, dijo.
Sin embargo, descartó que exista una contradicción entre proteger los derechos de los contribuyentes y aplicar medidas para combatir el crimen organizado: “Es una mala tensión”.
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