Por A. Chavez y M. Helguero
Este mediodía, el presidente de la República, Sebastián Piñera, dará a conocer su propuesta para terminar con el abuso del multirut.
Pese a que el gobierno había adelantado hace meses que estaba elaborando un proyecto de ley en la materia, la sorpresa se suscitó cuando trascendió que la modificación se incluirá como una indicación al proyecto de ley que modifica el concepto de empresa presentado en el Congreso en 2006 por el entonces diputado socialista, Sergio Aguiló.
De hecho, esta iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, por lo que en la actualidad enfrenta su segundo trámite legislativo en el Senado.
Así las cosas, la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta que preside la senadora Ximena Rincón (DC), está citada para este lunes para votar la idea de legislar la iniciativa original.
Es en este escenario que el Ejecutivo se la jugará por impulsar esta indicación, que en los hechos, viene a cumplir con una promesa de campaña y que ya había sido adelantada por la ministra del ramo, Evelyn Matthei, cuando ante la instancia legislativa anunció el envió de un proyeto de ley en la materia.
Lo que dice la indicación
En un documento de ocho páginas, la indicación sustitutiva del gobierno señala: “Con el objetivo de entregar seguridad tanto a trabajadores como a empleadores, otorgando de forma clara, precisa y categórica los requisitos que deben cumplir dos o más empresas para que puedan negociar de manera conjunta son, en primer lugar, compartir propiedad en los términos de la Ley de Mercado de Valores. En segundo término, elaborar los mismos productos o prestar los mismos servicios y, finalmente, tener una administración laboral común y permanente”.
Agrega que “de este modo, las compañías que cumplan con estas condiciones se considerarán identificables como un solo ente en su organización y gestión laboral, siendo razonable obligarles a negociar colectivamente con el personal involucrado en ellas”. En suma, añade “el objetivo de la indicación apunta a buscar un sano y necesario equilibrio entre la protección del derecho de asociación, el incentivo a la actividad empresarial y la protección de los derechos colectivos de los trabajadores”.
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