“Fuera Rabat”. Esa consigna se leía en varios carteles que portaban distintos diputados de oposición al momento en que la presidenta del Frente Amplio, diputada Gael Yeomans, anunciara este miércoles la presentación de una acusación constitucional en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, por la rebaja de condenas a 56 personas condenadas por delitos sexuales y de derechos humanos.
Luego de una tensa sesión especial en la Sala de la Cámara de Diputados, en donde Rabat explicó el sistema que se aplicó para firmar los polémicos decretos y que están trabajando con iniciativas legales para que dicha situación no se repita, la oposición no quedó conforme y avanzó en un libelo que será presentado en los próximos días.
Así, el titular de Justicia será el primer ministro del gobierno de José Antonio Kast que enfrentará una destitución ante el Parlamento.
Yeomans señaló que “hay inconsistencias flagrantes del ministro de Justicia, que quedaron en evidencia y que además se aprobó un proyecto de acuerdo en que como oposición le pedimos la renuncia formal al Presidente de la República del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y del subsecretario de Justicia, Luis Silva”.
Explicó que “lo que había que hacer era proteger a los niños, esa era su principal obligación, pero lamentablemente los 56 decretos que sacaron y que hasta ahora conocemos, porque pueden haber más, vulneraron los derechos de los niños, hay agresores sueltos por el error garrafal que cometieron y que es imperdonable”.
La parlamentaria indicó que “es por esa razón que hemos tomado la decisión de impulsar la acusación constitucional, porque estamos convencidos que un error como este no puede ser aceptado ni avalado por el Congreso y vamos a trabajar seriamente en la construcción de esos argumentos, porque creemos que el ministro debe salir de su cargo y asumir su responsabilidad”.
Yeomans planteó que “si Presidente insiste en ratificarlo en su cargo, es nuestra obligación ejercer todas las herramientas de fiscalización y eso es lo que vamos a hacer”.
En tanto, la diputada del PC, Daniela Serrano, complementó con que “primero establecimos un plazo de 48 horas para que el gobierno entregara los decretos, eso no se cumplió y el ministro no dio hoy una respuesta a la Cámara y por eso vamos a impulsar una AC. Hay que buscar la responsabilidad política hasta el final, porque sabemos que cuando este gobierno saca a los ministros los pone de asesores en el segundo piso”.
Rabat: He cumplido la ley
El ministro Rabat, luego de participar en la sesión especial de la Cámara de Diputados, sostuvo que “este fue un ejercicio democrático en donde hemos expuesto nuestros argumentos. Agradezco profundamente la sesión, puesto que me voy con el convencimiento de haber cumplido con la Constitución y con la ley”.
Agregó que durante la sesión, que se extendió por dos horas, “no se me ha reprochado ni una sola infracción de ley, ni una sola infracción de la Constitución” y dijo contar con la confianza del Presidente para avanzar en los cambios legales para impedir que otras personas condenadas por delitos sexuales contra menores vuelvan a acceder a estos beneficios de rebajas de sus condenas.
Difícil panorama para el Ejecutivo
Desde el gobierno han señalado que por ahora no existe una decisión para sacar de su cargo a Rabat y él es el encargado de enfrentar el problema y darle una solución. Kast les entregó su respaldo a inicios de semana y cualquier cambio o ajuste en el equipo de ministros está pensado en principio, para diciembre o enero e incluiría a otras carteras.
Sin embargo, dependiendo del avance de la AC y el clima del debate político, fuentes de gobierno sostienen que seguir sin el control de la agenda pública y dando explicaciones por este tema es un desgaste que en algún momento debe terminar y todos coinciden en que al final “el Presidente es quien tiene la última palabra”.
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