En un debate cargado de críticas al gobierno –especialmente desde la oposición– por la forma como ha enfrentado el problema de seguridad en La Araucanía, se desarrolló la sesión de la Cámara que analizó y votó la primera prórroga en que la actual administración, del presidente Gabriel Boric, debió pedir autorización al Congreso. Ello, con el fin de mantener el estado de excepción acotado en la Macrozona Sur, pese a la creciente presión para que se implementara la medida con todas las atribuciones que entrega la Constitución.
Por 126 votos a favor, siete en contra y nueve abstenciones se zanjó el tema y las ministras del Interior, Izkia Siches y de Defensa, Maya Fernández, dejaron la Sala de la Cámara con una nueva autorización bajo el brazo -aunque aún falta el Senado-, pero dejando atrás la sensación de que el mecanismo por el que ha optado el Ejecutivo no es suficiente para el nivel de violencia que se está experimentando en esa zona.
De hecho, no fueron pocos los diputados de oposición, en particular los de la región afectada, que hicieron ver que los actos violentos producidos esta madrugada, que llegaron incluso a la Ruta 5 Sur, es primera vez que suceden y sostuvieron que constituyeron una “verdadera provocación” hacia la autoridad a raíz de que hoy se votaba la prórroga.
Las dudas respecto de la amplitud del estado de excepción permearon al propio oficialismo, donde el diputado independiente PPD Jaime Araya votó derechamente en contra, ya que tal como había señalado con anterioridad, está convencido que ese mecanismo acotado es insuficiente para contener lo que ocurre en la Macrozona Sur.
Antes de la votación, la ministra Siches –permanentemente interpelada durante la sesión–, invitó a los diputados de todos los sectores a trabajar juntos para terminar con un problema que “no es de fácil solución”.
Crisis de violencia en la Macrozona Sur: un Gobierno bajo presión
La jefa de gabinete se hizo cargo de algunas de las críticas en las que le recordaron sus palabras en cuanto a que “haciendo lo mismo que se ha hecho hasta ahora no se va a solucionar el problema”. “Creemos que no estamos haciendo lo mismo. El nuestro es un plan que tiene varias aristas y una es la de seguridad”, argumentó Siches, aludiendo al plan “Buen Vivir”.
Y en esta arista, la titular de Interior explicó que se está dotando a las policías de vehículos blindados y otros materiales para que puedan desempeñar su labor. Además, detalló que, paralelamente a afrontar el tema de la seguridad, el gobierno está invirtiendo en la restitución de tierras.
También informó que se creó una Unidad para el Crimen Organizado que ya está operando desde la semana pasada y cuyo objetivo es perseguir y desarticular las bandas criminales organizadas en la zona.
“Estamos haciendo la pega” aseveró la ministra, pero admitió que “no son soluciones inmediatas.
Durante la tarde, deberá pronunciarse la Sala del Senado, que ya está convocada para tal efecto con la prórroga como primer punto de la tabla.
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