El Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal del gobierno cerró el proceso de “inspección total” a la administración del exPresidente Gabriel Boric, revisando información de más de 500 servicios del Gobierno Central durante el período 2022-2026 para detectar señales de alerta, adoptar las medidas correctivas y realizar derivaciones a los órganos competentes.
Como parte del trabajo realizado, se informó que se priorizó la revisión de nueve servicios y materias que requerían un análisis especial. A partir de este trabajo, se instruyeron investigaciones internas y, según la naturaleza de los antecedentes detectados, siete casos fueron derivados a la Contraloría General de la República, cinco al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y cuatro al Ministerio Público, para que los organismos competentes adopten las acciones que correspondan.
Los antecedentes de Junaeb, Subsecretaría de Deportes, Subsecretaria de la Mujer, y Dirección del Trabajo fueron remitidos al CDE, Contraloría y Ministerio Público. En tanto, los hallazgos en la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, dependiente del Ministerio de Ciencia, fueron enviados a Contraloría y el CDE. Mientras que los antecedentes correspondientes a las investigaciones en la Agencia de Sostenibilidad Energética, la Subsecretaría de Vivienda fueron enviados a la Contraloría General de la República.
Como parte de la llamada “inspección total”, se realizó una revisión de las transferencias efectuadas a personas jurídicas sin fines de lucro, entre ellas fundaciones y corporaciones, con el objetivo de analizar el estado de sus rendiciones e identificar brechas en los mecanismos de seguimiento.
Los antecedentes, señaló el gobierno, "evidencian una dificultad estructural del Estado para realizar un seguimiento adecuado de las transferencias y sus rendiciones".
La información se encuentra distribuida entre distintos servicios y sistemas, lo que dificulta contar con una visión consolidada y oportuna de los recursos transferidos, su estado de rendición, la antigüedad de los saldos pendientes y las acciones adoptadas para su regularización.
Informe al Presidente
El comité acordó preparar un informe final de "inspección total", que será entregado al Presidente José Antonio Kast y a la recientemente creada comisión asesora para una nueva arquitectura del Estado.
En paralelo, el comité continuará realizando seguimiento a las medidas correctivas derivadas de los hallazgos identificados, con el objetivo de verificar su implementación por parte de los respectivos servicios.
La subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo, quien encabezó la comisión auditora, destacó que “hoy cerramos un proceso inédito. Revisar el Estado con rigor, detectar dónde existen falencias y oportunidades de mejora” y que “este trabajo nos permite avanzar hacia un mejor uso de los recursos públicos y fortalecer los controles”.
Cabe señalar que a partir del análisis de más de 913 millones de registros de datos, se identificaron 26 señales de alerta que dieron origen a 360 programas de auditoría interna. Como resultado de estas auditorías se detectaron 1.529 hallazgos, correspondientes a desviaciones, debilidades o incumplimientos que requieren distintas acciones según su naturaleza y gravedad. Del total, 118 hallazgos, distribuidos en 57 servicios, cuentan con recomendación del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) para la instrucción de sumarios administrativos, destinados a determinar la eventual existencia de responsabilidades individuales.
Cabe recordar que el comité en abril pasado informó en el inicio de su labor de diversas alertas detectadas, que se concentraban en convenios y transferencias por montos superiores a US$ 140 millones, fragmentación de compras, mal uso de licencias médicas y reparticiones con traspasos masivos de personal. En esta última dimensión, se constató, en esa fecha, la incorporación de más de 2.500 funcionarios a las plantas de servicios en los últimos meses del año pasado.
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